En mayo del presente año, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social emitió el DS. 005-2007-MIMDES, por medio del cual se creó la Dirección de Protección Social que asumía las competencias del Programa Nacional contra la Violencia Física y Sexual (PNCVFS), Programa de Cuidado de Niños Wawa Wasi, y la Dirección de Investigación Tutelar del INABIF. Además que declaró la extinción de dichos programas.

Uno de los aspectos que nos ha llamado la atención sobre la desaparición del PNCVFS, ha sido respecto al cumplimiento de las obligaciones que el Estado peruano ha asumido frente a la violencia familiar y sexual como problemas de relevancia social y de alta gravedad por afectar derechos fundamentales como la vida, la integridad, la libertad sexual, entre otros.

En concreto, el PNCVFS fue creado en el año 2001, en atención a la necesidad de establecer un órgano encargado de diseñar y ejecutar a nivel nacional acciones y políticas de prevención, atención y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia familiar y/o sexual, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de la población, desde una perspectiva de género.

Su creación respondió a una estrategia que buscaba dar cumplimiento a una serie de compromisos internacionales que el Perú había asumido, al hacerse parte de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer, y la Convención Interamericana para prevenir, erradica y sancionar la violencia contra la mujer.

Sin embargo, la desaparición del PNCVFS -tal y como lo prevé el decreto supremo en mención- contradecía la voluntad del Estado de proteger el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, y de erradicar el trato discriminatorio que ellas han recibido históricamente en nuestro país.

Otra lectura no se desprendería de los hechos cuando se incumple con la obligación de adoptar programas y medidas específicas que tengan en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su sexo, raza o de su condición étnica, etc.

Ahora bien, frente a ello, la Comisión de la Mujer y Desarrollo del Congreso de la República ha aprobado un dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 1520/2007-CR por el que, entre otras cosas, se propone dejar sin efecto el Decreto Supremo 005-2007-MIMDES. Sin duda, dicho dictamen evitará que el Estado incurra en una omisión al no contar con un espacio o programa especifico para planificar y ejecutar medidas contra la violencia familiar.

Sin embargo, cabe señalar que en la eventual aprobación del dictamen por el Pleno del Congreso, el hecho que dicho decreto quede sin efecto no supone que lo referido a la vigencia del PNCVFS se haya solucionado, sino que por el contrario aun hay un importante trecho por recorrer. Al respecto, si evaluamos el funcionamiento del PNCVFS durante los últimos años nos damos cuenta que el mismo no ha tenido el impulso necesario.

Por el contrario, el mismo se había venido debilitando y la lucha contra la violencia familiar y sexual desde una perspectiva de género había sido solo letra sobre el papel. Y es que a inicios de la década, con la creación del PNCVFS, todo parecía indicar que el Estado peruano adoptaría como desafío prioritario la lucha contra la violencia sexual y familiar que tienen como principales victimas a las mujeres del país.

En concreto, el PNCVFS ha sufrido diversas modificaciones respecto de su jerarquía y presupuesto, hasta llegar a su eliminación . Si bien, al principio dependía directamente del Despacho Ministerial, en enero del 2005 el Reglamento de Organización y Funciones del MIMDES (Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES) lo adscribió al Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF).

Con dicho cambio, el PNCVFS enfocó el problema de la violencia como un tema vinculado a la familia y no como una expresión de la violencia de género, con lo cual la finalidad del programa perdió su dirección primigenia. Ello trajo como consecuencia que se generase una desprotección de los derechos individuales de las mujeres y que se pierda de vista la necesidad de analizar las causas estructurales, culturales, históricas que sustentan y legitiman la existencia de la violencia.

Sin duda, éste es un tema de fondo que también hay que solucionar en el corto plazo, pero ello solo dependerá de la voluntad política de las autoridades de gobierno y del Ministerio de la Mujer y Desarrollo social en concreto. Así, apelamos a que tomen en cuenta las miles de cifras que anualmente revelan a la mujer como principal víctima de violencia familiar y sexual, y que ello constituye una ofensa a la dignidad humana, con lo que se hace urgente tomar medidas si queremos una sociedad más democrática e igualitaria.
(Natalia Torres Zúñiga)