El 15 de noviembre, el Pleno del Congreso de la República, aprobó por 59 votos a favor y 2 en contra, el dictamen recaído en el proyecto de ley Nº 1421/2006-CR que propone la dación de la ley de justicia militar aprobado en la Comisión de Defensa y orden interno. Ahora bien, una lectura de este dictamen nos lleva a afirmar que el Congreso de la República ha aprobado una norma que atenta contra la Constitución, los fallos del Tribunal Constitucional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Así es, el contenido de dicha norma repite contenidos de la Ley Nº 28665 que ya fueron declarados inconstitucionales por el TC en las sentencias que recayeron sobre los expedientes Nº 0023-2003-AI/TC, Nº 0004-2006-PI/TC, Nº 0006-2006-PI/TC, como la existencia de jueces y fiscales militares que, a la vez, ostentan la condición de oficiales en situación de actividad; el nombramiento de Vocales y Fiscales Supremos a cargo del Presidente de la República; la existencia de un cuerpo jurídico penal militar como única vía para acceder al cargo de juez o fiscal militar; la existencia de un Ministerio Público Militar Policial por fuera del Ministerio Público ordinario, entre otros temas.

En términos generales, tal y como lo señalamos hace unas semanas en nuestros comentarios al proyecto de ley 1421/2007-CR (ver: Justicia Militar en la mira del Congreso), esta situación refleja la escasa voluntad que tiene este poder del Estado para adecuar la estructura y organización de la justicia militar de acuerdo a los parámetros constitucionales y a la interpretación que, en el marco de varios procesos de inconstitucionalidad, ha realizado el máximo interprete de la constitución respecto del funcionamiento de esta jurisdicción.

En efecto, las actuales circunstancias nos vuelven a demostrar que el Congreso de la República incurre en los mismos errores de las legislaciones anteriores que ya han sido declaradas inconstitucionales y expulsadas del ordenamiento en más de una oportunidad. En las líneas que siguen analizaremos algunas de las disposiciones de la propuesta legislativa aprobada.

Ver: Informe completo
(Natalia Torres Zúñiga)