Desde que se produjo el recorte salarial a los vocales y fiscales supremos, magistrados del Tribunal Constitucional e integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, equiparándolos con los congresistas, señalamos que: 1) era un gesto sobretodo político, pero una medida insuficiente e inapropiada de austeridad, ya que ésta tenía que ver mucho más con gastar eficientemente (lo que hasta ahora no se ve en el gobierno); 2) no cabía una equiparación entre altos cargos políticos y altos cargos técnicos, en la medida en que los segundos tenían elevadas exigencias de desarrollo profesional, ausentes totalmente en los primeros; 3) menos aún se podía avalar tal equiparación con los congresistas cuando los altos cargos del sistema de justicia, tienen incompatibilidades casi absolutas, que sólo les permiten la docencia como excepción, y que brillan por su ausencia en el caso de los parlamentarios.

La situación se torna más alarmante, si vemos encima que la equiparación era ficticia, en la medida en que en el Congreso se supera largamente el tope salarial a través de los llamados gastos operativos y de una mayor número de remuneraciones al año, por lo que las acciones del Ministerio Público y los reclamos firmes del Presidente del Poder Judicial reclamando una equiparación real y efectiva tienen asidero plenamente. Quizás por eso, el Congreso en su momento no eligió una fórmula mucho más razonable a la hora de fijar topes salariales: un monto anual, por ejemplo, que si permite una igualación efectiva, y optó por otra que les daba ventajes claras frente al resto de las altas autoridades comprendidas en la medida de austeridad.

Para ponerle la cereza al pastel, con el recorte producido, los magistrados supremos provisionales, que siendo vocales o fiscales superiores pero ocupan transitoriamente el cargo de supremos, ganan más que los titulares de tales cargos, en la medida en que no se les aplica el tope legal.

En este contexto, la Ministra de Justicia ha abierto las puertas del Poder Ejecutivo para que se inicie un diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas, de manera que se ponga fin a una controversia que puede terminar en los ámbitos de la justicia interamericana, exponiendo internacionalmente la nueva muestra de criollada nacional.

Pero la solución al tema salarial de los magistrados no se agota ni mucho menos en el terreno del trato diferenciado que se les da en aplicación de una ley que teóricamente los iguala. Se debe aprovechar la ocasión para que en la Ley de Presupuesto General de la República para el 2008 se termine con el desorden de componentes y partidas con que se trata las remuneraciones de los jueces. Resulta que tienen 3 partes: sueldo, gastos operativos (incluidos en el tope, a diferencia de los congresistas) y bono jurisdiccional, y que cada uno de estos tiene un reflejo presupuestal distinto: personal, bienes y servicios e ingresos propios, respectivamente.

Si ello tenía cierta lógica para evitar el impacto de los incrementos en las pensiones, este tema quedó resuelto tras la reforma constitucional y demás medidas dirigidas a cerrar el régimen de pensiones del D.L. 20530, por lo que hay que aprovechar la ocasión para superar de una buena vez la dispersión y apuntalar el tratamiento serio del estatuto del juez y fiscal.

Los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen, pues, una nueva ocasión para hacer las cosas de manera seria y razonable en tan relevante terreno, demostrando la sinceridad de su compromiso con una reforma del Estado que no se quiere enfrentar de manera integral, pero se puede ir consolidando paso a paso.
(Alfredo Villavicencio Ríos)