El Presidente de la República ha anunciado que se publicará una lista que contenga una relación de 1800 personas liberadas en los últimos años luego de haber sido acusadas por el delito de terrorismo. El Presidente ha dicho que entre esas personas se encuentran aquellos que ahora cometen hechos de violencia. Las reacciones desde los más diversos sectores no se han hecho esperar.

Desde nuestro punto de vista, este inusual anuncio presidencial debe ser observado desde el objetivo que persigue y la utilidad política del mismo frente a la lucha contra el terrorismo. Sobre lo primero, sin temor a equivocarnos, debemos afirmar que el anuncio tiene más de "cortina de humo" que de inicio de una estrategia contrasubversiva. Todo indica que el Presidente, una vez más, ha utilizado esa impresionante capacidad política con la que cuenta para generar titulares periodísticos con el evidente objetivo de poner en segundo o tercer plano otros asuntos políticos en los que se cuestionan la intervención de sus ministros. Tenemos argumentos para sospechar que este "salvavidas" fue lanzado ante el intento de interpelación del premier Jorge Del Castillo. ¿Nos equivocamos? Creemos que no.

Si esto es así ¿Qué refleja la propuesta presidencial? Una inmensa ligereza para manejar y enfrentar uno de los temas más importantes y graves para el país, como es el problema de la seguridad interna y, en particular, el problema de los vínculos delictivos de los remanentes del terrorismo y el narcotráfico. Lamentablemente en esta materia el presidente García tiene una gran experiencia. de fracaso.

Sobre la utilidad de la propuesta también debemos afirmar que una medida de esta naturaleza simple y llanamente no resolverá nada y no significará ningún aporte para la solución del problema. Muy por el contrario, todos, excepto algunos fujimoristas, han señalado con mucha claridad que constituiría un agravio a los derechos constitucionales de las personas cuyos nombres aparezcan publicados en la famosa lista.

El presidente García ha dicho que sería bueno que la gente sepa quién es y qué ha hecho su vecino. Mejor sería que la gente sepa qué hacen los políticos encargados de resolver estos problemas, como por ejemplo el Ministro del Interior y el Ministro de Defensa, y cuáles son las estrategias e iniciativas que están desarrollando para enfrentar el problema. Parece que el Presidente se olvida que la solución a los problemas de seguridad son responsabilidad de las autoridades y no de las decisiones del ciudadano de a pie. La política contrasubversiva la elabora y la ejecuta el Estado.

Además, parece que el Presidente también se olvida que en este país la gente tiene derechos, aun cuando hayan estado por largo tiempo privados de su libertad; no solo las empresas mineras o los Wolfenson tienen derecho, doctor y presidente García. Se olvida también que miles de inocentes han conocido las cárceles acusados de terrorismo y que hasta el mismísimo Fujimori se vio obligado a indultar a más de 500 personas. Se olvida que el año 2003 el Tribunal Constitucional sentenció que la legislación antiterrorista de 1992 era sustancialmente inconstitucional y como consecuencia de ello, en febrero del 2003 se dictó un nuevo marco legal contra el terrorismo, el mismo que dispuso la revisión de cientos de procesos judiciales sentenciados de manera irregular por tribunales sin rostro del fuero militar y del Poder Judicial, lo que llevó a que la Sala Penal Nacional revise y corrija esos procesos mal hechos con la consecuente absolución de aproximadamente 35% de los condenados.