Cuando la economía hacía agua por todos lados en la década de los 80, en Perú y en Latinoamérica, sonaban más y con más fuerza los reclamos por un crecimiento sostenible. Un cuarto de siglo después, y contando ya cinco años de bonanza en la región, las grandes cifras macroeconómicas ya no llaman tanto la atención, y la mirada de la población comienza a apuntar hacia ese otro gran objetivo, a veces visto como incompatible con el anterior: la igualdad en la distribución de los recursos.

Ése parece el mensaje que se extrae del Latinobarómetro del 2007, la encuesta que año a año se realiza en toda Latinoamérica (excepto Cuba) destinada a medir lo que piensa la gente sobre el crecimiento, el mercado y la democracia en sus países. Lo mismo puede extraerse de un análisis de las 11 elecciones presidenciales llevadas a cabo en Latinoamérica en el 2006. El proceso electoral que vivió el Perú el año pasado es en ese sentido muy elocuente: frente a la opción política que representaba el continuismo en la ejecución de las políticas públicas, surgió, con mucha fuerza, un programa que contrastaba fuertemente con el anterior, y que abogaba por un cambio radical en el modelo económico y social. Al final, obligada un tanto por las circunstancias, la sociedad peruana optó por el autodenominado "cambio responsable".

Pero, a más de un año del nuevo gobierno elegido, no se está ejecutando el anunciado cambio, lo que, por cierto, no parece muy responsable. Así lo reflejan las cifras presentadas en el Latinobarómetro, las que una a una, presentan al Perú como un país donde la población tiene una muy mala percepción con la forma como el Estado viene brindando los servicios públicos.

Mención especial nos merece la percepción sobre el acceso a la justicia: sólo el 8% de los peruanos cree que todos tienen iguales oportunidades de acceder a la justicia. Nos ubicamos así en el último lugar en toda Latinoamérica en cuanto a percepciones que la ciudadanía tiene del sistema de justicia.

En la práctica, el dato nos pone en contacto con un escenario de lamentable exclusión. El aparato de justicia, dice un conocido chiste, se parece a un hotel cinco estrellas: tiene sus puertas abiertas a todo el mundo.

Pero no hay que tomar estos datos a la ligera. Como señala un Informe del PNUD, la exclusión genera desconfianza. Y cuando la población mira con escepticismo lo que el Estado hace (o deja de hacer) al ejercer sus funciones básicas, se produce el desgaste de la institucionalización; caldo de cultivo a su vez para la generación de respuestas radicales. Tanaka, por ejemplo, analizando el Latinobarómetro, concluye que si los peruanos no confiamos, ni en nosotros mismos ni en el Estado para salir adelante, es probable que comiencen las simpatías por un caudillo (Perú.21, 22/11/07). Y ésa es una historia bien conocida por los peruanos.

Pero no sólo por el rechazo a un régimen totalitario es que se debe atender, entre otros, el derecho al acceso a la justicia. Son miles y miles de peruanos, sobretodo del 55% correspondiente al estrato más pobre, los que diariamente sufren en carne propia la ausencia de un sistema que resuelva sus conflictos: son miles deudas sin pagar, son atentados contra la integridad sin resarcir, son esos miles y miles de conflictos que no se atienden y que han generado respuestas espontáneas como la justicia comunal, que el Estado hace bien en reconocer, pero que no puede sólo reconocer.