Al cierre de la presente edición, el devenir de la huelga judicial es incierto. Por un lado, la Ministra de Justicia señaló en horas de la mañana del jueves (29 de noviembre del 2007) que vaticina una pronta solución, y que contribuirá a buscarla participando de una reunión con el Ministro de Economía y Finanzas (MEF) para resolver el principal reclamo de los trabajadores en paro. Mientras que, por otro, se producen actos de violencia entre la policía y los huelguistas en la sede de Lima.

Antes de entrar a describir la presente edición de la protesta, no está demás indicar que la huelga judicial es una lamentable situación que se repite año tras año, y que tocó fondo en el 2004, cuando se extendió por 58 días, tiempo en el que se perjudicó notablemente la solución jurisdiccional de conflictos, puesto que fueron alrededor de "224,000 los expedientes que (dejaron) de ingresar a mesa de partes y 179,440 los que no (pudieron) ser resueltos por los magistrados" (El Comercio, 11/09/04).

Ahora bien, presentemos algunos puntos centrales de la huelga judicial nacional e indefinida iniciada el lunes 26 de noviembre pasado.

Los trabajadores judiciales representados por los sindicatos que forman parte de la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial (FNTPJ) cuentan con un pliego de reclamos original conformado por 17 puntos, entre los que destacan: i) la aprobación de la propuesta de presupuesto presentada por el Poder Judicial (PJ); y, ii) el pago de la asignación excepcional mensual de S/. 100.00 correspondiente a todos los meses del presente año y la homologación de sus haberes con los trabajadores del Poder Legislativo (Comunicado, La República, 25/11/07).

Días antes del inicio de la protesta, el Poder Judicial declaró ilegal el paro. En este punto, es importante anotar que luego de un rápido análisis no hemos encontrado en los últimos 4 años, una huelga judicial que haya sido declarada legal. Los argumentos utilizados en esta ocasión no han sido diferentes a los esbozados en oportunidades anteriores (ver: Más allá de la ilegalidad de la huelga en el poder judicial), es decir: i) no se ha demostrado haber agotado la negociación colectiva; y, ii) no se ha garantizado un personal mínimo para cubrir el servicio, puesto que éste es esencial, entre otros. El referido dato dice mucho de la institucionalidad de los procedimientos para arribar a huelgas judiciales y del ejercicio del poder por parte de la autoridad, lo que debería estudiarse a profundidad.

Ahora bien, a diferencia de años anteriores, el Poder Judicial y los trabajadores coinciden en las razones del reclamo, a tal punto que —muy a pesar de la ilegalidad de la huelga— reclaman conjuntamente el pago mensual de una asignación extraordinaria ascendente a S/. 100.00 para los trabajadores correspondiente al año 2007. Ello, a decir de las autoridades judiciales, se encuentra paralizado porque el MEF no le autorizó al PJ dicha partida para el presupuesto de este año. En ese sentido, se ha pronunciado el presidente de la Corte Suprema, Francisco Távara Córdova, mediante oficio Nº 569-07-P.C.S.D.P.RR.P.J. del día de inicio de la huelga, léase el 26 de noviembre.

Mientras esto sucede, en el Congreso se ha aprobado el presupuesto público para el año 2008 (ver: Congreso aprueba importante aumento de presupuesto para el Poder Judicial) sin otorgarle los recursos que solicitaba el PJ y sin que esto traiga consecuencias mayores en el curso de la huelga. Probablemente, esta pasividad se explique en que en el presupuesto del próximo año sí se habría contemplado la asignación mensual de S/. 100.00 (artículo 6.2.a del texto sustitutorio del dictamen del proyecto de Ley Nº 1543/2007-PE, ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2008).

Paralelamente a ello, dentro y fuera de las sedes judiciales, la paralización se extiende a nivel nacional. En Puno, hubo una toma de local (Pachamama, 29/11/07), en Moquegua funcionarios judiciales se encadenaron frente a los despachos (Radio Uno, 27/11/07) y en Lima se impidió el ingreso a los juzgados y salas, mientras que los trabajadores fueron desalojados violentamente. Ello sin contar otras plazas en las que la huelga también ha tenido un impacto fuerte como La Libertad, Huaraz, etcétera.

Como es evidente, urge una solución inmediata al problema actual, a fin de arribar a respuestas coherentes que nos permitan avanzar en la construcción de un adecuado régimen laboral para trabajadores judiciales, que no sólo incluya una remuneración digna, sino un sistema adecuado de selección, evaluación y control disciplinario. Esperemos que esta paralización nos deje la lección de que hay mucho pan por rebanar y que no basta una salida de emergencia para afrontar un problema inmemorial.
(César Bazán Seminario)