La Sala Penal Especial encargada de los juicios contra el extraditado Alberto Fujimori ha ingresado a la etapa de las definiciones. A partir de ahora la discusión de la extradición queda atrás y sólo tenemos por delante los juicios. De hecho, en el caso "Allanamiento a la casa de Trinidad Becerra", estamos muy próximos a una sentencia.

No es poca cosa lo que tiene que enfrentar el reo Fujimori. No sólo en los casos por graves crímenes contra los derechos humanos, sino también en los casos por corrupción de funcionarios. Hace poco uno de los principales responsables de la estrepitosa derrota judicial de Fujimori llegó a decir a los periodistas del Congreso de la República: "les regalo los casos de corrupción". Pero lo cierto es que ambos juicios permitirán al país recordar el itinerario criminal de su gobierno y la concentración de poder que ejerció ¿Cuál será su estrategia? En Santiago desplegó aquella en la cual decía "yo no sabía nada". ¿Cometerá el mismo error o modulará la intensidad de sus recuerdos y su conocimiento de los hechos?

Es casi un hecho que solo habrá dos grandes juicios ya que la Sala Penal ya habría acumulado los procesos de la matanza de Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos del SIE (secuestro de Gorriti y Dyer) en uno, y los casos de compra de medios de comunicación, chuponeo y congresistas tránsfugas en otro. El caso CTS de 15 millones a Montesinos aparentemente tendría un tratamiento especial.

¿Con cuál debería comenzar el tribunal? Desde nuestro punto de vista con el más complejo y grave: las violaciones a los derechos humanos. De hecho, es en este juicio en que Fujimori virtualmente se juega la vida y seguramente es lo que le hace perder la sonrisa, ya que la estrategia utilizada en Santiago resultó un fiasco para sus intereses. Además, la acusación de la fiscalía ha solicitado se le imponga una pena de 30 años por su condición de responsable mediato de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Adicionalmente, no cabe duda que éste es el proceso más simbólico y, seguramente, el de mayor connotación política. Si resulta condenado será el primer ex presidente peruano y del continente en ser sancionado por crímenes de lesa humanidad.

Si ésa es la decisión del Tribunal (la de comenzar con los casos de derechos humanos), entonces se habría dado un paso fundamental en el juzgamiento del extraditado y habría colocado -a diferencia de lo que el sistema anticorrupción hizo hace algunos años con Montesinos- lo más importante por delante. En esa lógica, es probable que el juicio oral se inicie el próximo mes de noviembre y, si bien estamos ante un caso en el que solo hay un procesado, la complejidad del mismo y la cantidad de testigos y peritos que serán llamados a declarar nos señala que es probable que a mediados del año siguiente podría estarse emitiendo sentencia.

Todo lo anterior supone, necesariamente, que los integrantes del Tribunal (San Martín, Prado y Príncipe) trabajen a dedicación exclusiva en estos procesos. Asimismo, la intervención del Ministerio Público también es clave. Todos los casos deberían ser devueltos a la Fiscalía Suprema en lo penal para que adecue sus acusaciones a los parámetros establecidos en la sentencia de extradición de la Corte Suprema de Chile. De hecho, este problema ya se ha advertido en el caso "allanamiento a la casa de Trinidad Becerra" a cargo del vocal instructor Pedro Urbina. Esa etapa de saneamiento procesal debe ser desarrollada en el menor tiempo posible.

Este proceso de adecuación debería comprender también la aclaración relacionada al delito de desaparición forzada que inicialmente se ha imputado a Fujimori en Perú, y sobre el cual aparentemente un error material en la sentencia chilena impediría el juzgamiento por tal delito, ya que dicho ilícito no está entre los autorizados a juzgar. Resulta de importancia que el tribunal presidido por el magistrado San Martín al momento de la sentencia haga un pronunciamiento expreso sobre la comisión de este delito.
(Carlos Rivera Paz)