La huelga iniciada por la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial y trabajadores INPE fue declarada ilegal por la Corte Suprema. Como se aprecia en la resolución que apareció el lunes 22 en el Diario Oficial El Peruano, existen diversos motivos que sustentan tal decisión. Entre ellos podemos mencionar, que los recurrentes no demostraron haber agotado la negociación directa entre las partes, o el hecho de que la paralización se realizó de forma intempestiva, lo que es aún más grave si se tiene en cuenta el carácter de servicio público esencial que tiene la administración de justicia.

Pero, conviene también observar que las demandas que exigen los mencionados trabajadores no carecen de sustento. Los reclamos por aumento de sueldos, y bonificaciones, entre otras, son todas materias contenidas en acuerdos entre las instancias administrativas y los trabajadores, y que no están siendo cumplidas.

En suma, si bien la forma en que se viene canalizando los reclamos no es quizá la más consensual, ello no quita que los reclamos son razonables y tienen por eso que ser escuchados. La declaración de ilegalidad, por eso, apunta a solucionar el problema más urgente, que es lograr que los trabajadores vuelvan a sus puestos. No obstante, no debe hacer perder de vista las causas, más estructurales, que explican los inconvenientes que ahora pasamos.

Esto nos lleva, entre otros, al tema del presupuesto. Como parece obvio, el incremento salarial, que es el reclamo principal de los trabajadores, requiere ser solucionado mediante fondos que derivan del Presupuesto asignado al Poder Judicial. Las preguntas que aparecen, son entonces, bien diferentes a aquellas sobre la legalidad o no de la huelga. En principio, ¿existen esos fondos?, ¿se están asignando eficientemente?, o ¿cómo obtener más?

Como parece ya algo común en estos tiempos, se sabe que el Estado cuenta ahora con mayores recursos económicos en comparación con otros tiempos. Sin embargo, el Poder Judicial no parece ser el gran beneficiado con esta bonanza. Constantemente se oyen voces, comenzando desde las más altas esferas del Poder Judicial, reclamando por mayor presupuesto. Surge la cuestión entonces de si se está dando al Poder Judicial el financiamiento acorde con sus necesidades.

La asignación eficiente es otro de los grandes temas, y a este asunto no ayuda mucho el que la Ley del Presupuesto no prevea mecanismos de transparencia que permitan la discusión de las asignaciones presupuestales, o también llamados “techos presupuestales”, antes de que sean aprobados por el Consejo de Ministros y en segundo término por el Congreso.

Por último, la búsqueda de un mayor financiamiento es también un asunto que afecta a todos los sectores, incluido el Poder Judicial. Los problemas acá se relacionan, sobretodo, con una adecuada recaudación. Pero no sólo con ello.

Lo que debe preocupar al sector Justicia es tanto la obtención de mayores recursos de parte del Gobierno, como generar e implementar los mecanismos para que los trabajadores gocen de mayores beneficios. La falta de legitimidad del Poder Judicial frente a la sociedad, la ineficiencia, la lentitud, la falta de predictibilidad, la ausencia de una cultura de servicio, son también factores que influyen negativamente en el momento de la asignación de un presupuesto. Y no parece apropiado pensar que la ausencia de recursos es la causa de los problemas que acabamos de señalar, pues es también cierto que esta deficiencias, que debe enfrentar el propio fuero, son también la causa a su vez de la ausencia de recursos.
(Julio Avellaneda Rojas)