Luego de una semana de emitida la sentencia que concedió la extradición de Alberto Fujimori ya nadie tiene duda alguna de que estamos ante un fallo histórico y que sus repercusiones no solo se dejarán sentir en el ámbito de la justicia peruana sino internacional. Ya Degregori, con certeza, ha señalado que esta sentencia nos ha hecho ingresar a la historia universal de los derechos humanos.

Pero junto a esa constatación destaca otra. Es la relacionada a la responsabilidad del Poder Judicial peruano en el manejo de los procesos judiciales contra el extraditado. En este aspecto como cuestión previa solo cabe advertir que el universo de casos ha sido determinado por el fallo de la suprema chilena. Son solo siete los casos sobre los que la justicia peruana ha sido habilitada para juzgar y en su caso sancionar a Alberto Fujimori.

Nos ratificamos en sostener que la posibilidad de desarrollar procesos judiciales impecables pasa necesariamente por la necesidad de diseñar una estrategia judicial para enfrentar esos siete procesos penales. Esta es la primera responsabilidad del Poder Judicial y más específicamente del tribunal a cargo de los casos. Hasta la fecha las informaciones dan cuenta que se está caminando en esa dirección.

La designación del tribunal de juzgamiento presidido por el vocal supremo César San Martín ha sido un primer paso importante. En sus manos está la responsabilidad de garantizar el debido proceso y la independencia. El hecho de que la propia defensa de Fujimori destaque públicamente la trayectoria de los integrantes del tribunal y descarte la posibilidad de una recusación contra César San Martín nos indica que ha definido, por el momento, una estrategia de no confrontación con el tribunal.

De igual modo, otro paso importante que el tribunal estaría dando en los siguientes días es la emisión de una resolución de acumulación de procesos. Tal como lo hemos señalado, esta decisión debe permitir que existan unos 3 procesos y ello debe implicar la concentración de esfuerzos tanto para el Poder Judicial como para las partes (Ministerio Público, defensa y parte civil).

La designación de los fiscales supremos José Antonio Peláez Bardales y Avelino Guillén también es un elemento importante para la tramitación de los procesos. El segundo de ellos es reconocido como un fiscal no solo con trayectoria en la participación de juicios por delitos de corrupción, sino también con manejo suficiente de procesos complejos. Tanto en los casos de corrupción como en los de derechos humanos la participación del Ministerio Público será decisiva no solamente en el momento de los interrogatorios al extraditado Fujimori, sino también en el momento de la presentación de las evidencias y la sustentación de la acusación formulada en su contra.

En el caso de la Procuraduría Ad Hoc, más allá de que Omar Chehade haya cumplido un papel muy destacado para conseguir un fallo favorable a los intereses del Estado peruano, habrá que ver cuál será la intensidad de su intervención en el curso de los juicios orales. En este punto vale la pena interrogarse si las autoridades políticas del Ejecutivo incidirán para que los procuradores tengan un perfil bajo o apoyarán una intervención más decidida. ¿El jefe de los procuradores, el Sr. Tambini del Valle, se molestará si algún procurador le hace alguna pregunta incómoda a quien califica como “señor ex presidente de la República”?

Asimismo, el hecho de que el vocal instructor Urbina de manera inmediata haya asumido competencia sobre el caso de allanamiento a la casa de Trinidad Becerra, esposa de Montesinos, e iniciado las primeras diligencias judiciales con el extraditado y teniendo en cuenta el estado procesal del caso plantea la posibilidad de que solo en las próxima semanas el Poder Judicial esté en condiciones de dictar la primera sentencia contra Fujimori, la misma que es casi seguro –por la evidencia existente– que será condenatoria.

Junto a estos elementos hay uno que si bien ha sido comentado públicamente aun no se ha resuelto formalmente: el asunto de la exclusividad del tribunal. En estos casos, en los que se juzga un ex presidente de la república por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, el mejor mensaje del Poder Judicial es que es capaz de dictar sentencias justas y oportunas. En ese sentido la dedicación exclusiva del tribunal y un equipo de apoyo para la tramitación de los procesos es un paso fundamental. Confiamos que se dará.