| Autogolpe, golpe o fujigolpe son algunos de los términos que dentro del imaginario social peruano ya están asentados para referirse a lo ocurrido el 5 de abril de 1992, día en que Alberto Fujimori -con su conocida frase: "disolver, repito, disolver"- instauró la última dictadura del siglo XX vivida por los peruanos. Sin duda, este hecho significó un paso a contracorriente de lo que ocurría en los principales países de América del Sur (que empezaban un arduo camino de transición luego de largas dictaduras), y un grave retroceso para la institucionalidad del país en su conjunto.
Los nuevos tiempos que el país reclamaba en el año 90, luego del catastrófico primer gobierno del APRA, fueron mal escuchados por el naciente fujimontesinismo, y transformados en excusa para arremeter contra las instituciones democráticas. Así, el justificado reclamo ciudadano por una mejor administración de justicia (que históricamente ha sido considerada precaria y sobre todo frágil ante el poder político), se convirtió en una de las justificaciones explícitas que usó el entonces Presidente y ahora procesado Fujimori, para establecer su denominado "Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional", lo que por cierto, en su momento fue respaldado por la gran mayoría del país.
Luego, lo que vimos los peruanos fue lamentable. El golpe supuso el cierre del Poder Judicial y de todas las instituciones ligadas al sistema de justicia. Se llevó a cabo una destitución masiva y arbitraria (vía decretos leyes) de jueces y fiscales de todas las instancias judiciales incluidas las más altas, situación que llevó a que la magistratura, durante la década del 90, esté conformada por alrededor del 85% de jueces y fiscales provisionales (cuya permanencia en el cargo estaba a merced de la decisión de las autoridades de entonces). Posteriormente, se crearon las comisiones ejecutivas dentro del Poder Judicial y Ministerio Público, que ayudarían a hacer más fuerte la intervención política en estas instancias; así también se crearon salas y juzgados especializados digitados por el fujimorato (por ejemplo, la recordada Sala de Delitos Tributarios y Aduaneros que resolvió que la falsificación de firmas realizada por Perú 2000 no era tal, debido a que los planillones eran reales -no importando que las firmas sean falsas-, por lo tanto, ¡no había por qué sancionar este hecho!).
Junto a esto, el régimen coadyuvó a que se institucionalizara la corrupción dentro de las instancias judiciales. Ciertamente fueron pocos y valientes los jueces y las juezas y los y las fiscales que se mantuvieron lejos de la manipulación política. Otros episodios en esta página de la historia judicial de injerencia y control desde el poder fueron, entre otros, el recorte de facultades al Consejo Nacional de Magistratura (que propició la renuncia en pleno de sus 7 integrantes), o la destitución de tres magistrados del Tribunal Constitucional por oponerse a la re-reelección de Fujimori.
En la actualidad, se ha avanzado considerablemente en el sistema de justicia en comparación con esa época. Tras el derrumbe del fujimorato, se suprimieron de inmediato las comisiones interventoras del Poder Judicial y Ministerio Público y se devolvieron las potestades legales a los órganos de gobierno judicial y fiscal; se eliminó la equiparación entre magistrados titulares y provisionales y se restituyeron las potestades constitucionales arrebatadas al Tribunal Constitucional y al Consejo Nacional de la Magistratura, entre otras medidas.
Ciertamente queda mucho camino por andar en lo que se refiere a la reforma del sistema de justicia. La Ceriajus, por ejemplo, que sin duda fue un esfuerzo importante y loable de reforma del sistema de justicia en democracia, está ocupando un segundo plano cuando debería ser la "hoja de ruta" de la reforma de la justicia. Sin embargo, por otro lado, hay que reconocer que las violaciones a los derechos humanos y la grave corrupción durante el fujimorato vienen siendo juzgadas, lo que sin duda es un gran aporte al Estado de Derecho y a la lucha contra la impunidad en nuestro país. Si el sistema de justicia logra finalmente una sanción ejemplar en el caso "Fujimori" y en otros conocidos casos (como el del destacamento "Colina") habrá dado un gran paso hacia su legitimación ciudadana e independencia frente al poder. Precisamente, las dos virtudes que durante el fujimorato le fueron totalmente esquivas al Poder Judicial y al Ministerio Público.
(Lilia Ramírez Varela) |