"La policía está de adorno en este reino sangriento donde se impone la ley a balazos. aquí meten balazo como si nada" , anuncia una vecina, manifestando la realidad que vive a consecuencia de la violencia pandillera en el Callao (La República. Revista Domingo, 23/03/08).

Frente a esta realidad nuestras autoridades, entre coordinaciones y malabares, han puesto en la seguridad ciudadana un especial interés. Recordemos que, ya casi un mes 14 alcaldes distritales de Lima Metropolitana y Callao hicieron público un pronunciamiento en el que demandaban mayores potestades para actuar frente a la creciente inseguridad ciudadana (ver: Seguridad ciudadana local y juzgados de paz letrada en comisarías: Aporte al acceso a la justicia); la semana pasada los Presidentes R egionales de Arequipa, Moquegua y Tacna acordaron invertir 56 millones de soles en proyectos que vayan dirigidos en promover la seguridad ciudadana e incluso, el Ministerio del Interior anunció la compra 1,000 nuevos patrulleros y el Plan Zanahoria entró en acción en otro distrito de Lima. Todo esto porque la inseguridad ciudadana siempre ha sido (y es) un tema que preocupa a todos. Así lo confirman los estudios sobre victimización y percepción[1], que señalan a la inseguridad ciudadana como uno de los problemas que más aqueja al país e incluso, en la percepción de los pobladores, la violencia delincuencial está aumentando[2], y para el 2007, un 74.1% de ciudadanos lo confirma[3].

A pesar que Basombrío, experto en seguridad, manifieste que "las cifras reales sobre el delito no comprueban necesariamente tal percepción" (Basombrío, 2007, p. 23), los ciudadanos se sienten, cada vez menos seguros y protegidos, de allí que se presentan respuestas y acciones diversas.

Por un lado, están aquellos vecinos que han preferido establecer sus propios mecanismos de protección, como enrejar las calles e invertir en vigilancia privada; en la percepción de otros, por la desconfianza o inacción de las instituciones del orden, han optado   por "justificar la violencia, resolver sus problemas, llegando algunos al "linchamiento"[4].

Por otro lado, el Estado, desde hace ya cinco años, creó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) en el cual se establece, mediante la coordinación   y articulación de diversas instancias del gobierno como del Interior, Salud, Educación, Justicia, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, entre otros (a nivel nacional, regional, provincial y distrital)[5] la elaboración de planes y proyectos que vayan dirigidos a garantizar la seguridad y convivencia ciudadana (Ley Nº 27933 y Ley Nº 28863). Asimismo, busca fomentar la participación de la sociedad civil mediante la participación de los vecinos organizados a través de las Juntas Vecinales. De esta manera, la estructura de este sistema se basaría en su componente multisectorial.

Sin embargo, en la ejecución se ha evidenciado diversas debilidades, principalmente en la aplicación de este componente articulador y dialogante entre instancias y, por lo tanto, en la sostenibilidad de los comités.

Justamente, a nivel distrital, los comités de seguridad ciudadana -CODISEC-, núcleo base del SINASEC, se identifica que el manejo de la seguridad está en manos de los representantes de los vecinos organizados, es decir de las juntas vecinales -cuando las hay-, de los efectivos policiales de la comisaría del distrito y de los agentes del serenazgo y representantes municipales. Pero -salvo algunos casos- esta coordinación no está siendo articulada sino más bien, se trabaja a manera de facciones: algunas Juntas son convocadas por representantes municipales y otras por el comisario PNP o el representante de la oficina de participación ciudadana, por lo que, en algunas oportunidades, se han presentado ciertos "roces de poder" entre las instancias.

Además de este inconveniente, se ha observado que durante el funcionamiento de los CODISEC no se han incorporado otras instituciones públicas cuya intervención es esencial en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad. Un caso clarísimo, es la articulación del sistema penal y judicial a través de los juzgados de paz letrados en comisarías (JPLC), que desde el 2003 fueron instalados en diversos distritos[6] para juzgar las faltas mediante un proceso mucho más expeditivo y con un enfoque reparador. Lamentablemente, lo que es una experiencia clave para contribuir al acceso a la justicia y a la seguridad, todavía no es considerada como una pieza clave en el diseño de políticas y estrategias para enfrentar la delincuencia.

Creemos que esto no debe ser así, pues estamos convencidos que los problemas, más aún los de inseguridad ciudadana, deben ser atendidos desde un enfoque integral. Esto significa que es necesario: a) entablar un diálogo efectivo entre representante municipal, comisario y juntas vecinales para evitar coordinaciones paralelas y duplicar acciones; b) requerir la participación de los actores (de las entidades públicas) que integran los JPLC en las reuniones que realizan los CODISEC (en aquellos distritos que alberga un JPLC); c) exigir que las municipalidades tengan un rol más protagónico en el funcionamiento de los JPLC, siendo un ente articulador entre comunidad (vecinos), agentes del orden y sistema penal; d) acercar mucho más a la sociedad civil con la experiencia de los JPLC, esto significaría incluir a las Juntas Vecinales como parte del sistema de los juzgados y que participen en su funcionamiento. Concretamente, las Juntas podrían apoyar en la supervisión del cumplimiento de jornadas de trabajo comunitario, y a difundir y orientar a toda la comunidad sobre la existencia y funcionamiento de los JPLC.
(Zarela Zavala Respaldiza)

[1] Apoyo - Opinión y Mercado, Estudios de victimización 2005; Carlos Basombrio, Delito e inseguridad ciudadana, 2007.
[2] Se trata de una investigación realizada por Carlos Basombrío en que sistematiza los estudios cuantitativos sobre la percepción del delito e inseguridad en Lima y otros países de América Latina, entre el periodo del 2001 al 2005.
[3] Encuesta realizada por Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima. Noviembre del 2007.
[4] De acuerdo a la encuesta de Apoyo realizada a finales del 2004, en Lima, el 65% consideraba que la población tiene derecho a tomar la justicia con sus propias manos (aunque sin llegar a matar).
[5] Las instancias integrantes del SINASEC son el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana -CONASEC- (representada a través de una Secretaría Técnica), los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana, los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana y los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana.
[6] En cinco distritos de Lima Metropolitana y 10 distritos a nivel de Provincias.