El juicio por crímenes contra los derechos humanos seguido al ex presidente Alberto Fujimori cumple hoy 4 meses. Es un buen momento para hacer un breve balance y mirar en perspectiva al futuro inmediato del mismo. En ese sentido, es correcto ubicarnos temporalmente en el curso del proceso y concluir que nos estamos acercando a la mitad del camino.

En efecto, de la primera etapa del proceso que ha correspondido a la recepción de los testimonios de los integrantes del destacamento "Colina", no solo ha quedado en el tribunal el horrendo y dramático relato de la forma cómo se perpetraron los crímenes de Barrios Altos, La Cantuta, entre otros, sino que fundamentalmente en términos concretos se ha demostrado que el llamado destacamento "Colina" fue parte de una estructura regular del Sistema de Inteligencia del Ejército peruano. Jamás fue, como sostenía al inicio del juicio la defensa de Fujimori, un grupo paramilitar.

Este asunto es particularmente relevante ya que debemos recordar que la acusación del Ministerio Público señala una autoría mediata de Fujimori, en la comisión de eventos criminales perpetrados por medio de un aparato de poder, es decir, el destacamento "Colina". Tan contundente es esta verdad que hasta la propia defensa y la hija del acusado ha tenido que aceptarlo públicamente.

La segunda etapa que podemos reconocer debe comprender las declaraciones testimoniales de Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingue Guevara y todos los oficiales del ejército vinculados al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) durante los años 1991 y 1994, la que nos ha permitido considerar dos situaciones muy importantes. La primera de ellas es que resulta innegable que el destacamento "Colina" no fue obra ni invención del entonces Mayor Martin Rivas, sino que fue parte de un Plan de Operaciones del Ejército y cuya formación fue decidida y ordenada por los altos mandos del mismo.

La segunda, es que la declaración de Santiago Martin Rivas, sin ninguna duda, ha sido un punto de quiebre en el proceso judicial. Era evidente que la defensa del acusado, quien propuso a Martin como testigo, pretendía generar con su declaración en el juicio un elemento que determine la negación de todo aquello que los agentes del destacamento habían señalado en las anteriores sesiones y con ello, sobre todo, la negación de la existencia de ese destacamento y por lo tanto la inexistencia de órdenes superiores para su creación y actuación. El resultado fue uno absolutamente contrario a ese objetivo.

El hecho concreto es que la comparecencia y declaración de Martin sí fue, finalmente, un punto de quiebre para seguir sosteniendo la acusación contra el acusado Fujimori. Más allá de la negativa sistemática, pero ridícula, de Martin Rivas sobre la existencia del destacamento y de la comisión de los crímenes de Barrios Altos, La Cantuta y otros más; la presentación de la entrevista en vídeo a Martin Rivas, de casi dos horas de duración, en la cual sostiene con coherencia y consistencia que la implementación de la guerra de baja intensidad en el Perú fue consecuencia de decisiones políticas tomadas a nivel gubernamental, fue el elemento que marcó ese punto de quiebre. Los dichos de Martin, convalidados por la defensa del acusado, acerca de que esas entrevistas eran "ensayos" debe ser uno de los mayores ridículos que hemos escuchado en el proceso.

Podemos afirmar que a partir de ese momento nos encontramos en una etapa cualitativamente superior del proceso judicial, y curiosamente el contraste de las versiones de un testigo propuesto por la defensa es lo que nos permite afirmar esto. Por lo demás, no es cierto, como afirma el abogado de Fujimori, que un testimonio anula otro brindado por la misma persona. Para su mala suerte el proceso penal no es tan cuadriculado. En estos casos el tribunal deberá valorar cuál de las declaraciones es veraz y además verificable, es decir, que es posible de corroborar con otros elementos de información que surjan en el mismo proceso. De hecho, la versión de Martin acerca de que nada existió, es un verdadero disparate.

A partir de allí podemos ubicar una tercera etapa, corta pero muy importante, en la cual vamos a considerar los testimonios del coronel Alberto Pinto Cárdenas y el general Juan Rivero Lazo. En ambos casos se debe reconocer que son parte del "núcleo duro" de la defensa del acusado y ello se demostró en la presentación al sostener sistemáticamente la inexistencia del destacamento "Colina". Pero en ambos casos su declaración también se centró en un pretendido desconocimiento de los crímenes, y de las consecuencias que estos acarrearon en el escenario político e institucional del Ejército peruano. Ese argumento resulta simplemente increíble para quienes eran nada menos que los "ojos y oídos" del Ejército. Frente a ese tipo de testigos es posible sostener que sus negativas terminan ayudando a demostrar la acusación.

A pesar de todo en ambos casos también se incorporó de lleno al debate un personaje fundamental en esta historia, Vladimiro Montesinos Torres, el entonces jefe real del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). También ello fue un paso adelante.

Inmediatamente, con la presentación del periodista Umberto Jara, hemos entrado a una etapa diferente del proceso en la que ya no solo es Montesinos el centro del debate judicial, sino principalmente el ex presidente Alberto Fujimori. El testimonio de Jara es particularmente relevante, no solo por la consistencia del testigo, sino porque ha generado una intensa discusión sobre la guerra de baja intensidad, o guerra sucia, como instrumento de combate a la subversión, en la cual cada una de las piezas del proceso toma la ubicación que le corresponde: las decisiones políticas del gobernante, sus mensajes, los asesores, los jefes militares, los aparatos de inteligencia, las operaciones especiales de inteligencias, los jefes operativos, las acciones criminales y los planes de encubrimiento de esos crímenes.

Así, esta semana ha sido la peor para el acusado Fujimori. Ya no solo por el audio escuchado y por los tres videos adicionales proporcionados por el periodista Jara en los que Santiago Martin Rivas da cuenta de manera reiterada que las decisiones para la implementación de la guerra de baja intensidad fueron estrictamente políticas y provinieron de Alberto Fujimori, también por las consecuencias que en este proceso tendrá la sentencia dictada por la Primera Sala Penal Especial de Lima en el caso seguido contra los integrantes del destacamento "Colina" y los jefes militares en el caso La Cantuta, en la cual se ha condenado a 35 años de pena privativa de libertad al general Julio Salazar Monroe, el entonces Jefe nominal del SIN, y adicionalmente porque esa sentencia es una derrota estrepitosa de la estrategia legal que su abogado (que también es de Salazar Monroe) viene ejercitando en el juicio contra el ex presidente Fujimori.
(Carlos Rivera Paz)