Esta semana una nueva denuncia de espionaje telefónico ha vuelto a poner sobre el tapete la desconfianza y sospecha que muchos tenemos en este país cuando nos comunicamos por teléfono o por Internet: ¿nos estarán grabando? ¿Acaso, amigo lector, usted nunca se ha hecho esa pregunta? ¡Por favor, seamos sinceros! Muchas veces preferimos tratar temas sensibles "face to face " y no por teléfono. Ésa es una de las secuelas que heredamos del fujimorato -que hizo del espionaje y hasta de la filmación un arma de persecución política-.

El último episodio lo ha protagonizado el reconocido periodista del también prestigioso diario El Comercio, Juan Paredes Castro, cuyo teléfono de casa fue objeto de interceptación telefónica. Pese a ser un hecho reiterativo -el último episodio fue un caso similar en perjuicio de la periodista Rosa María Palacios en el año 2003- no deja de ser MUY GRAVE y, por cierto, debe ser investigado y sancionado con severidad. Ya el Ministerio Público ha iniciado una investigación de oficio, así como los Ministerios del Interior, de Defensa y la Comisión de Inteligencia del Parlamento. El propio Presidente de la República ha llamado al periodista afectado y la Presidencia del Consejo de Ministros difundió de inmediato un comunicado deslindando cualquier responsabilidad.

Todo eso está muy bien y es lo que corresponde. Pero tenemos la sospecha de que esas medidas podrían no resultar suficientes y que nuevamente este caso podría quedar en la impunidad. Abrigamos la esperanza de equivocarnos en esta ocasión pero lo cierto es que esta práctica de escucha o intervención ilegal de conversaciones telefónicas o comunicaciones electrónicas, lamentablemente se ha instalado en la vida pública y privada del país y, sin duda, erosiona gravemente la confianza que debe imperar más allá de discrepancias, más allá de oposición y gobierno.

Lo preocupante para el común de los mortales es que se descubrió esta interceptación telefónica gracias a "Un habitual barrido electrónico de líneas de comunicación. El hallazgo del aparato transmisor-receptor. se produjo luego de que los servicios de seguridad del Diario efectuaran hace un mes de manera inopinada una limpieza electrónica de las líneas fijas domiciliarias, anexos y móviles del personal de diversos niveles de esta casa editora". (El Comercio, 06/04/2008). Esto se debió entonces, no a una labor de inteligencia policial sino a un esfuerzo privado excepcional pero absolutamente legítimo de cautelar la privacidad de sus comunicaciones. ¿Cuántas más interceptaciones ilegales se seguirán realizando en el país en contra de políticos, empresarios, periodistas u ONGs? Ésa es la preocupación: que este hecho, puesto al descubierto, sólo sea una diminuta muestra de lo que viene ocurriendo con total impunidad.

¿De qué sector podría provenir esta interceptación puesta al descubierto? ¿Del narcotráfico y el crimen organizado? ¿De alguno de los servicios de inteligencia de los institutos armados o policial? ¿De algún partido político de oposición o no? ¿Empresas de seguridad que han hecho de esta práctica ilegal un negocio? Esta pregunta es muy difícil de desentrañar y responder.

Pese a la autonomía y buena intención del Ministerio Público y algunas otras autoridades, vemos difícil en las actuales circunstancias que investigaciones "oficiales" den con los verdaderos responsables (ojalá nos equivoquemos). Por el momento, ponemos más esperanzas en la seriedad del periodismo de investigación que ejercen algunos medios. Si alguna indagación periodística seria llega a dar con los responsables y con el hilo de la madeja, ahí se verá el real compromiso de las autoridades que hoy en día han condenado -como corresponde- este hecho. Ahí se verá, pues la condena debería ser no sólo penal sino también política, social y, sobre todo, ejemplar.
(David Lovatón Palacios)