El ex jefe del servicio de inteligencia, Julio Salazar Monroe, gritó: "estoy en desacuerdo", cuando terminó la larga lectura de la sentencia dictada por la Primera Sala Penal Especial, que lo condenaba a 35 años de prisión efectiva; mientras que Raída Cóndor, madre de una de las víctimas, lloró al escuchar el fallo y declaró que se había hecho justicia, que no fue en vano su lucha (El Comercio, 09/04/08). Sin duda, comprensibles y antagónicas actitudes para lo que vendría a ser el cierre parcial de una tragedia: la matanza y desaparición de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional Enrique Guzman:La Cantuta, realizada, según los términos de la sentencia, con la anuencia del gobierno de ese entonces.

Y es que luego de casi 16 años de producidos los hechos, este martes 8 de abril la Primera Sala Penal Especial, presidida por Inés Villa Bonilla e integrada por Inés Tello de Ñecco e Hilda Piedra Rojas, sentenciaron a un grupo de los responsables e inculpados del asesinato y desaparición forzada de las 10 víctimas del conocido caso Cantuta. La lectura de la misma duró nueve largas horas, tiempo que se caracterizó por una solemnidad, tensión y expectativa que se había perdido debido a lo larga y tediosa de la etapa oral, la que duró más de dos años.

Sin embargo, pese a estos contratiempos, no hay duda de que la referida resolución es un documento histórico, pues con ésta se hecha por tierra el manto de impunidad que rodeó a los hechos, y logra a su vez una reparación moral a las víctimas y a sus familiares.

A lo largo de estos años de proceso se han producido importantes sucesos que han dejado huella, por ejemplo, fue la primera vez en la historia del Perú que violadores de los derechos humanos (Julio Chuqui Aguirre y Marco Flores Alván) admitieron, de forma pública y ante autoridad judicial competente, ser integrantes de un escuadrón de la muerte, haber intervenido en los asesinatos múltiples de Barrios Altos y La Cantuta, y en las desapariciones forzadas de campesinos del Santa y del periodista Pedro Yauri, atribuyendo responsabilidades a otros militares hoy también sentados en el banquillo de los acusados (expediente Nº 28-2001). En segundo lugar, fue la primera vez que acusados por violaciones de los derechos humanos demostraron conformidad con los términos de la acusación fiscal y, en consecuencia, se acogían a la institución de la conclusión anticipada del proceso (Ley Nº 28122).

Junto a ello, también es la primera vez que se condena a un alto integrante del ejército como Julio Salazar Monroe, por haber sido autor mediato en el caso. Este hecho es un nuevo argumento que complica, aún más, la situación de Alberto Fujimori en el proceso por violaciones de derechos humanos que se lleva en su contra. De otro lado hay que señalar que, aunque este proceso que acaba de terminar no incluyó al ex dictador ni a los altos mandos militares, las conclusiones del tribunal indican que ellos aprobaron la creación del destacamento Colina y sus asesinatos. Según los principales fundamentos de la 1ª Sala Penal "el Destacamento Colina estaba adscrito al SIN y dependía de la presidencia de la República, con la misión y objetivo de eliminar a presuntos subversivos y opositores al régimen. Formaba parte de un grupo organizado de poder en el Ejército que era controlado por Alberto Fujimori." (La República , 09/04/08)

A su vez, el tribunal condenó a los ex agentes de inteligencia integrantes del Grupo Colina: José Alarcón Gonzáles, Fernando Lecca Sequen, Orlando Vera Navarrete, Jorge Ortiz Mantas, Pablo Antúcar Cama, Hércules Gómez Casanova, Héctor Gamarra Mamani, José Tena Jacinto, Ángel Sauñi Pomaya y Rolando Meneses Montes de Ocas a 15 años de cárcel cada uno. Y se absuelve a los militares en retiro Carlos Miranda Balarezo, Julio Rodríguez Córdova y Aquilino Portella, quienes facilitaron el ingreso del grupo Colina a la Universidad La Cantuta, por falta de pruebas (El Comercio , 09/04/08).

No obstante lo simbólico de la sentencia, en tanto cierra un capítulo de la lucha contra la impunidad en nuestro país, falta que el caso pase por una última instancia: la Corte Suprema, dado que todos los condenados han apelado. Esperamos que ésta cumpla con su deber y actúe de manera correcta. Es el momento que el Poder Judicial, mediante estas sentencias, se continúe legitimando frente a la opinión pública y deje un claro mensaje a la ciudadanía: que no importan la posición (política o económica) que hayan tenido los implicados, los crímenes de lesa humanidad no quedarán impunes nunca más. Y que la justicia tarda, pero finalmente llega.
(Lilia Ramírez Varela)