| El pasado 14 de abril la Junta de Fiscales Supremos eligió -por aclamación (esto es, por unanimidad)- a Gladys Echaíz Ramos como la nueva Fiscal de la Nación para el periodo 2008-2011. Sin duda, una decisión muy acertada y que se produce en un momento difícil para el equilibrio de poderes en el Perú.[1]
En efecto, nos consta la trayectoria de la nueva Fiscal de la Nación que, durante los oscuros años del control fujimontesinista del Poder Judicial y del Ministerio Público, fue una de las pocas magistradas que se mantuvo independiente y no se doblegó frente al poder. Ya en democracia, ha seguido mostrando con diversos gobiernos su independencia; en ocasiones se ha dicho de ella que es cercana al APRA. Al respecto, debemos reiterar lo que siempre hemos dicho: la afinidad ideológica de un magistrado con una corriente política determinada no lo descalifica per se, pues como toda persona goza de las libertades de conciencia y de opinión; lo que descalifica a un magistrado es que pretenda supeditar su independencia a las directivas o intereses "del partido".
Felizmente, creemos que ése no es el caso de la flamante Fiscal de la Nación, quien, por ejemplo, en esta misma semana de su elección ha salido en defensa del Fiscal de Huamanga que ha acusado a un policía de haber -supuestamente- causado la muerte de dos campesinos en el contexto de una marcha de protesta. Creemos, por tanto, que independientemente de afinidades ideológicas, lo que importa es que su lealtad institucional con el Ministerio Público prevalezca sobre cualquier otro tipo de consideraciones.
Ahora bien, prevemos que le tocará a la nueva Fiscal de la Nación tiempos difíciles para mantener el precario equilibrio de poderes actualmente vigente en el país. Algunas autoridades del Gobierno y del APRA -comenzando por el propio Presidente de la República- vienen mostrando creciente intolerancia frente a algunos temas y sectores sociales. Un ejemplo de ello es la indebida reacción oficialista ante la denuncia del Fiscal de Huamanga. ¿Por qué no considerar la posibilidad que la policía se haya equivocado o que, en todo caso, será el juez de la causa quien determine si hubo o no exceso policial? Otro ejemplo, es la intolerancia mostrada por el Gobierno frente a toda posible protesta o "cumbre paralela" ante las próximas cumbres internacionales que se llevarán a cabo en nuestro país. Coincidamos o no con los promotores de dichas "anti-cumbres", el derecho a la discrepancia -sin violencia, por cierto- es parte esencial de la democracia y así lo ha entendido mejor la propia Cancillería, uno de cuyos representantes acaba de sostener -inteligentemente- que toda Cumbre que se precie debe tener su cumbre paralela.
Confiamos pues que la doctora Echaíz sabrá mantener su línea de independencia y honestidad y que, bajo su liderazgo, el Ministerio Público será garantía de autonomía frente al poder que delinque y al inocente que en ocasiones es acusado de delitos que no cometió. De parte de las instituciones de sociedad civil, la nueva Fiscal de la Nación deberá esperar recíproca independencia y honestidad: criticar y fiscalizar cuando haya que hacerlo, y apoyar y cooperar cuando así corresponda.
(David Lovatón Palacios)
[1] Resolución de Junta de Fiscales Supremos Nº 046-2008-MP-FN-JFS (15/04/08) |