El pasado 10 de abril en la ciudad de Huacho, el Consorcio Justicia Viva presentó el balance "La aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en Huaura: Una experiencia positiva", realizado con el apoyo incondicional e invalorable de los funcionarios de dicho distrito judicial.

La presentación fue muy positiva. Sirvió para juntar a las personas que ya están aplicando el Nuevo Código Procesal Penal -NCPP- (jueces, fiscales, abogados y policías de Huaura) con quienes recién comienzan a hacerlo (asistió, por ejemplo, el Presidente de la Corte Superior de Tacna) y con quienes tienen la capacidad para tomar las más importantes decisiones para mejorar su aplicación (el panel estuvo conformado por los más altos funcionarios o sus representantes, de las instituciones que conforman el sistema de justicia).

Consideramos además que fue un momento para reconocer la encomiable labor realizada por jueces, fiscales, policías y defensores de oficio de dicha región. Y es que, como hemos venido diciendo, la experiencia ha sido fundamentalmente positiva a pesar de las dificultades. Sin perjuicio de ello, y como contra parte, se reconoció la existencia de aspectos a ser mejorados y la consecuente necesidad de que, tanto Huaura como el resto de distritos judiciales, adoptaran las recomendaciones establecidas en el Balance.

Ahora consideramos que lo que corresponde, a nivel nacional, es tomar a Huaura como modelo: copiar los aspectos positivos (teniendo en cuenta, claro está, las diversas realidades) y prevenir los problemas. Para esto último, nuestro Balance hace un aporte que esperamos no quede en sus páginas: las recomendaciones y la identificación de los responsables de ejecutarlas. Veamos solo algunas de las más importantes.

Poder Ejecutivo:

La principal es la dotación de recursos; dotación que debe ser la respuesta a planes concretos elaborados por cada institución del sistema de justicia. No se debe dar dinero sin un plan correlativo: es mejor esperar que malgastar.

Poder Legislativo:

Se requieren algunos cambios normativos, por ejemplo: i) permitir el efectivo control de los plazos por parte de los jueces, ii) permitir a los jueces de investigación preparatoria gestionar la utilización de procedimientos especiales, iii) fijar los plazos para las actuaciones de mero trámite.

Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría de Oficio, Policía Nacional:

i) Deben realizar planes en los que se especifique lo que se requiere, tanto en infraestructura como en recursos humanos. En estos planes se debe tener presente todo el distrito judicial y no solo la sede central, y los pedidos deben responder a una distribución adecuada según la carga. En el caso del Ministerio Público y la Policía, es de vital importancia contar con la infraestructura necesaria para las investigaciones.

ii) Los recursos deben centrarse también en la capacitación del personal. En el Balance se mencionan concretamente las materias que deberían ser objeto de los cursos o talleres. Basta decir, en este punto, que las capacitaciones no deben ser solo teóricas sino fundamentalmente prácticas. Por ello, se debe involucrar a los funcionarios de Huaura para que ellos puedan dictar parte de dichos cursos o talleres.

iii) Las estructuras organizacionales se deben adecuar al nuevo modelo, tanto en lo jurisdiccional como en lo administrativo. En el caso de la Policía esto es particularmente importante, ya que en la experiencia de Huaura no ha habido mayor variación a pesar de que se trata de una de las instituciones que más debe cambiar su modo de aproximarse a la justicia penal.

CNM, AMAG y Facultades de Derecho:

El Balance presenta algunos problemas que han tenido lugar en Huaura, tales como: i) aun no hay un idóneo nivel de exposición y manejo probatorio en fiscales y abogados; ii) se requiere una mayor utilización de procedimientos especiales; iii) los jueces pueden mejorar su actuación como directores de audiencias; entre otros.

En todos estos casos, hemos recomendado: i) al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que incluya en su perfil de juez y fiscal las destrezas en cuestión, de modo que, al momento de decidir, otorgue un valor elevado a dichos factores, ii) a la Academia de la Magistratura (AMAG) que dicte cursos y talleres prácticos y teóricos destinados a desarrollar estas habilidades; y, iii) a las Facultades de Derecho, que desarrollen estas destrezas, ya que muchas veces la enseñanza se centra en el conocimiento de la norma y la resolución de casos pero no en la litigación oral o en la investigación de hechos y, menos aun, en el desarrollo de habilidades de conciliación.

Estas son solo algunas de las recomendaciones efectuadas a los más importantes organismos que conforman el sistema de justicia. Es necesario revisar el Balance para contar con una visión más completa de lo que se necesita.
(Fernando Del Mastro Puccio)