Así como es complejo encontrar una definición exacta para el concepto de corrupción (estudiosos señalan que su significación es difícil y abierta, porque hay múltiples definiciones y distintas formas de observarla); igual de complicado es tratar de encontrar métodos o formas para luchar contra este grave flagelo, dado que se trata de un delito de 'cifra negra' que no deja evidencia sobre su frecuencia, y que sólo se hace perceptible cuando el esquema de la corrupción falla y algún escándalo salta a la luz (ejemplos en el Perú tenemos cientos) (ver: DPLF, Guía para el diagnóstico de la corrupción, 2007, p.12). Debido a esto es que iniciativas como la que ha anunciado el Presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, en torno a la necesidad de declarar imprescriptibles los delitos de corrupción resulta trascendental, y se convierte en un paso importante y vital para la lucha real contra ésta.

A decir del doctor Távara, la Sala Plena de Corte Suprema (integrada por 16 vocales supremos) está a punto de definir los alcances de una propuesta legislativa que apunta a que los delincuentes que atentan contra el patrimonio del Estado cumplan efectivamente su condena, y que a su vez sirva como una medida disuasiva para la población. Según información periodística, esta propuesta busca modificar el artículo 41 de la Constitución, a fin de incorporar un párrafo que establecería que "determinados delitos contra la administración pública, señalados expresamente en la ley serán imprescriptibles"; y junto con ello, propondrían el cambio del artículo 80 del Código Penal (El Comercio, 21/04/08).

Si bien esta iniciativa no es nueva, dado que desde el inicio de la transición democrática y la caída del gobierno fujimorista se pensó en esta posibilidad a fin de que estos ilícitos penales no queden impunes por el paso del tiempo, o por las estrategias dilatorias de los procesados, sí resulta una novedad que un poder del Estado, como el Judicial entre a tallar en el tema, lo haga suyo, y lo proponga.

Sin duda esta institución se pone a tono con lo que sucede a nivel mundial. La ONU desde hace algún tiempo ha señalado a la corrupción como un grave problema para el desarrollo de los Estados (incluso en el 2005 logró que entrará en vigencia la Convención contra la Corrupción), pues con ese tipo de actos se afectan bienes jurídicos de tanta importancia, y es tan perniciosa que en un reciente estudio del Banco Mundial, más de 150 funcionarios de alta jerarquía y ciudadanos eminentes de más de 60 naciones en desarrollo calificaban a la corrupción como el mayor obstáculo para que sus países se desarrollaran y crecieran económicamente (ver nota de prensa del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas de enero del 2008); sin mencionar que esto ocasiona que países subdesarrollados tengan mayores dificultades para salir de la pobreza, tanto económica como social.

Esperamos que el Legislativo, ahora sí, ponga a la lucha contra la corrupción como punto importante en su agenda. Lamentablemente su actuación en relación a esta materia ha sido casi nula y está de espaldas a las exigencias de la ciudadanía (que en reciente encuesta señaló a la corrupción como el principal problema que afronta el país). Un claro ejemplo en torno a esto es que entre los años 2000 y el 2005 el Congreso no fue capaz de debatir ninguno de los cinco proyectos de ley (que incluso llegaron a dictámenes) sobre la imprescriptibilidad, o la mera ampliación de los términos de prescripción, que fueron planteados para hacer frente a la plaga de la corrupción. Mientras, en la actualidad existen al menos cuatro proyectos sobre esta temática, que esperan ser tomados en cuenta. ¿Hasta cuándo nuestros legisladores seguirán con esta actitud?
(Lilia Ramírez Varela)