| El corte a medio año en la actividad del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) muestra cifras en rojo, debido principalmente a la jurídicamente insostenible decisión de no destituir a un magistrado (y a dos que lo acompañaban) que el propio Poder Judicial considera indigno para ocupar un puesto en la judicatura. Se trata del, por todos conocido, caso del nuevamente presidente de la Corte de Lima Ángel Romero. Como se sabe, el Consejo Nacional de la Magistratura cerró el 2007, con la destitución de dichos magistrados, y sin embargo, durante el primer semestre del 2008, se desdijo radicalmente. El fiel de la balanza cedió debido al aporte de Francisco Delgado de la Flor Badaracco y Edwin Vegas Gallo, los que cambiaron sus votos sumándose a la minoritaria postura a favor de la impunidad esgrimida por Efraín Anaya Cárdenas y Edmundo Peláez Bardales, quien fuera elegido presidente de la institución en febrero pasado.
Este hecho no sólo salvó a Romero, sino que es la punta del iceberg en cuanto al alejamiento del consejero Aníbal Torres -quien ha mostrado una adecuada e inamovible posición en el caso de marras- en la correlación de fuerzas al interior del CNM.
Como nota al pie apuntamos que resta, en el campo del control disciplinario, el actuar del Consejo respecto del caso de Luis Alberto Mena, representante de los abogados ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y que por tal, ostenta la investidura correspondiente a vocal supremo. En ese sentido, ante el escándalo desatado por los hechos cometido por Mena, el CNM se puso de costado y optó por el silencio que implicaba considerar que la sanción a dicha autoridad no era de su competencia.
Por otra parte, ante el desprestigio ganado por el caso Romero, poca atención ha merecido la actuación del Consejo en otros ámbitos. Así, en la selección de magistrados se ha duplicado la titularidad de jueces y fiscales en la Amazonía mediante la culminación de la convocatoria 001-2007-CNM, cuyo balance es positivo. Asimismo, se ha continuado con el concurso para atacar la precariedad en la Macro Región Centro Andina (002-2007-CNM), donde hemos podido observar un decaimiento en la calidad de la evaluación escrita, lo que esperamos no ocurra en los procedimientos en trámite para cupos en fiscalías supremas y la Región Costa (002-2008-CNM).
Asimismo, el CNM ha continuado con la ratificación de jueces y fiscales, entre los que se encuentra un grupo considerable de magistrados que fueron evaluados indebidamente durante los primeros años del Consejo, en democracia, y respecto de los cuales hay que volver a hacer el trabajo, pero esta vez correctamente.
En suma, el balance de este medio año -de la mano de Edmundo Peláez- muestra un Consejo con menores bríos y una opinión pública adversa, ganada a pulso, debido al desaguisado surgido a partir de la impunidad en el caso Romero y a pesar de lo logrado en otros campos. Para su remedio, a la vista se encuentra la elección de magistrados militares, que ha sido dejada fuera de la competencia del CNM; la necesaria reformulación e impulso a la ley de carrera judicial, que deberá ser vista en la próxima legislatura; a la par de diversos procedimientos disciplinarios en contra de la Jefa de la Oficina de Control de la Magistratura, entre otros. En ellos se evaluará la actuación del Consejo, cuya repartición de fuerzas internas, bajo el mando de la Presidencia decantada a partir del caso Romero, parece haberse asentado, aportando a la institución un aire de complacencia con el status quo judicial, al menos en lo que a control disciplinario se refiere.
(César Bazán Seminario) |