El Presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, en el discurso conmemorativo por el Día del Juez ha puesto de relieve lo que, como máxima autoridad de este Poder del Estado, son considerados los logros y avances de la judicatura: el trabajo de la Sala Penal Nacional, que toma en cuenta además la aplicación de los instrumentos de protección universal de los derechos humanos; la transparencia pública de algunos procesos que comprometen a funcionarios públicos (el juicio a Fujimori, cuya composición del órgano de primera instancia no ha sido objetada de parcialidad, es el más claro de ellos); la experiencia de los juzgados comerciales, el inicio auspicioso de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal (que aporta en los campos de la celeridad y la reducción de quejas sobre magistrados); el Plan Nacional de Descarga Procesal; la promoción de la ética judicial y la lucha contra la corrupción, la modernización del despacho judicial y el fortalecimiento del elemento humano; entre otras.

Comulgamos, sin duda, en el aplauso por el inicio de algunas de las medidas anteriores. El trabajo de juzgados como la Sala Penal Nacional (podríamos agregar, también, el trabajo de algunos juzgados anticorrupción), la transparencia del juicio de Alberto Fujimori, el avance de los juzgados comerciales y los primeros pasos de la implementación del NCPP es; por donde se le mire, fruto de aquella judicatura que tuvo el encargo de llevarlos a cabo en la adversidad. Lo que ahora toca, es mantener esos primeros resultados, para que no se nos escapen de las manos. Sobre ello, es necesario señalar que -por ejemplo- las pretensiones de adelanto por parte del Ejecutivo del calendario de implementación del NCPP, secundadas por el Presidente del Poder Judicial, deben ser tomadas con precaución. Huaura fue un buen inicio (a pesar de las dificultades de coordinación y capacitación), ¿pero se ha constatado lo mismo, objetivamente, en los otros distritos judiciales? Como señalamos, las iniciativas han sido un buen signo para impulsar la reforma de la administración de la justicia, pero deben ser complementadas con las propuestas y observaciones que se han hecho a las mismas, a fin de conseguir un efecto real y duradero de sus propósitos (ver, por ejemplo: Comentarios sobre el Plan de Descarga Procesal).

No obstante lo anterior, hay que notar que el Presidente del Poder Judicial hace bien al mostrar una reseña de lo realizado (señalando por cierto que sobre temas como la mejora del acceso a la justicia, tenemos nuestras discrepancias), ya que las acciones que reflejen el estado de la reforma de la impartición de justicia debe ser uno de los temas relevantes para la magistratura, toda vez que su función es efectivizar una adecuada impartición de la justicia. Así, los avances relevantes que se hagan en esa dirección es lo que toda judicatura, cada juez y cada jueza, debe querer.

Pero lo anterior no basta. Es importante poner de relevancia, en ocasión del Día de la judicatura, que lo que ella quiere es la real garantía de su independencia e imparcialidad; el respeto a sus derechos; el reconocimiento justo de sus méritos; el desarrollo personal en la carrera de acuerdo a los mismos, y el reconocimiento y respeto de la ciudadanía que comience a contrarrestar esa mala imagen que le es otorgada, si no por mano propia, por parte de los propios colegas. El Presidente ha acertado en recordar en su discurso al elemento humano; pero ciertamente la relevancia dada al mismo no ha sido la pertinente. En ese punto, una no nata ley de carrera judicial es aún el bien más preciado en espera que, por esas contradicciones del propio sistema, no se ha logrado a pesar de tener las bases sentadas de un régimen que deje al servicio de los ciudadanos a los más probos y competentes. Hubo una vez, en medida desesperada, una vigilia por el presupuesto; creemos que igual de importante -e incluso más- es el grupo de garantías para una judicatura fuerte.

Las medidas del gobierno y la administración judicial, así como de los otros poderes del Estado, que lleven al anhelado empoderamiento de la judicatura, es lo que todos queremos. Buenos jueces y juezas que no marquen, como ha sido desde mucho, la excepcionalidad sino la generalidad; que levanten su voz de propuesta y protesta ante las vulneraciones de una bien entendida independencia, que compartan con los ciudadanos las garantías de una gestión de despacho transparente y de lenguaje accesible de sus resoluciones; que realicen una defensa de la Constitución en coordinación de las otras instituciones a fin de fortalecer la ejecución de la misma. Lo que toda judicatura quiere es, también, autodefenderse, señalando en sí misma a los jueces y las juezas que desmerecen la función, sin temor a posteriores represalias en honor a la garantía de la llamada independencia interna; y con la seguridad de que el sistema sancionatorio va a asegurar que no sigan siendo, con justicia, sus colegas (sobre el particular, el caso Romero tampoco se condice con ello).

Finalmente, también se desea que las autoridades de este grupo humano estén a la altura de las necesidades de la reforma, sin cuestionamientos que pongan en tela de juicio su legitimidad y con las ideas claras de cómo ayudar a dirigirla. Autoridades capaces de reconocer avances y de formularse autocríticas (las que, en lo general, han estado ausentes en el discurso del Presidente); con la visión de que las medidas de reforma de mediano y largo plazo necesitan de un plan coordinado de larga data, por lo que es saludable la propuesta de las Bases para el Plan Decenal de la Reforma y Modernización del Poder Judicial al 2017 anunciada (esperemos, eso sí, que dicho Plan aproveche las propuestas de reforma avanzadas por la CERIAJUS y no se sume a la larga lista ya existente de propuestas de papel).

Lo anterior es lo que la Judicatura (la del Estado Constitucional de Derecho) y los ciudadanos queremos. El 04 de agosto es oportunidad para no olvidarlo, pero sobre todo, para recordar no dejar estas intenciones en el discurso, fiscalizar a quienes desmerecen el buen trabajo realizado por otros y reconocer el cumplimiento del deber a pesar de la adversidad.
(Cruz Silva Del Carpio)