| Se están cumpliendo ocho meses del inicio del juicio oral seguido contra Alberto Fujimori por la comisión de crímenes contra los derechos humanos en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, y es un buen momento para hacer un breve balance de lo sucedido en 88 sesiones de audiencia.
Hasta el momento han comparecido ante la Sala Penal Especial que juzga al ex Presidente de la República, 80 testigos, entre los cuales encontramos a las víctimas, los integrantes del Destacamento Colina, los ex jefes de los aparatos de inteligencia del Ejército, ex Jefes de los Comandos Políticos Militares, ex integrantes del alto mando del Ejército, dos ex comandantes generales del Ejército y el propio ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Esto no es poca cosa. No sólo por la condición de cada uno de los testigos, sino también porque la propia cantidad es ya un récord sin precedentes.
Tras ocho meses de juicio oral, el tribunal que preside el vocal supremo San Martín Castro, ha marcado una pauta en la conducción del caso que ha garantizado un respeto escrupuloso de las reglas del debido proceso. En nuestro sistema de justicia penal esto resulta ser un elemento particularmente importante que tendrá consecuencias directas en el objetivo de mostrar al mundo que el Poder Judicial peruano ha desarrollado un proceso impecable. Si queremos hacer que el caso Fujimori se convierta en un precedente judicial, no solo debemos observar la sentencia sino el conjunto del proceso.
La publicidad que ha merecido el juicio contra Alberto Fujimori ha servido para que el país reciba una dosis de la realidad que muchas veces se ha pretendido ocultar. El hecho concreto es que el testimonio de quienes ejecutaron horrendos crímenes contra personas indefensas debería servir para ayudarnos a mantener una firme convicción de que eso nunca más se debe repetir.
Este proceso también nos informa de manera particualr, que aún existen en el país, fuerzas intensamente preocupadas por que el proceso de justicia y verdad no avance. Por si acaso, no nos referimos a corrientes de opinión, nos referimos a fuerzas u organizaciones que desarrollan acción política con el objetivo de garantizar una sola cosa: impunidad. Esto pareciera ser una violenta vuelta al pasado, lo que por desgracia es una realidad. Hay que preocuparnos, porque en el caso Fujimori es mucho lo que está en juego.
De hecho, el reciente escándalo de los irregulares beneficios penitenciarios concedidos por el INPE a Alberto Fujimori nos muestra una cara de este problema y nos plantea la necesidad de que el país se encuentre muy alerta, porque pareciera que en algunas instancias del régimen de turno. no se hacen muchos problemas al momento de negociar asuntos políticos vs. asuntos de derechos humanos.
Pero después de 8 meses de juicio ¿qué cosa es lo que realmente se ha demostrado contra Alberto Fujimori? Recordemos que Fujimori ha sido acusado de ser el autor mediato a través de un aparato de poder organizado, de los delitos de homicidio calificado (Barrios Altos y La Cantuta) y secuestro (Gustavo Gorriti y Samuel Dyer). Sin duda la demostración, hasta con documentos, de que el llamado Grupo Colina era un destacamento de Inteligencia del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) conformado por agentes y oficiales del SIE, es una prueba fundamental de este proceso judicial. Hasta el propio Nakasaki, que arrancó el proceso negando su existencia, ahora tiene que admitirla, no por un afán de concesión sino por la contundencia de las evidencias.
Se ha demostrado que las operaciones de inteligencia del Destacamento Colina se cumplieron por órdenes superiores. Sus crímenes, de los cuales se puede contabilizar aproximadamente 50 personas asesinadas, no fueron decisión de los jefes operativos.
Otro asunto de primera importancia enteramente demostrado en el proceso ha sido que desde inicios de 1991 se dio inicio a la llamada nueva estrategia contrasubversiva del Estado, la misma que tuvo entre sus componentes la entrega de armas a las rondas campesinas, el ingreso de las FFAA a las universidades públicas, la instalación de bases de acción cívica y el proporcionarle un rol preponderante a los aparatos de inteligencia de los institutos armados y, en especial, al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
Está demostrado que la nueva estrategia buscó superar el uso indiscriminado de la violencia que caracterizó la estrategia contrasubversiva de los años ochenta, y por ello se pasó a utilizar una violencia más selectiva, para los cual la utilización de aparatos de inteligencia resultaba una pieza fundamental. El Destacamento Colina fue la máxima expresión de esta estrategia contrasubversiva.
Se ha demostrado que esa nueva estrategia fue dirigida, liderada e impulsada personalmente por el entonces presidente de la República Alberto Fujimori. No sólo ingresó con las FFAA a por lo menos 6 universidades públicas, sino que además entregó personalmente armas y se preocupó en colocar en un lugar preferencial al SIN. Las acciones del entonces Presidente de la República dieron origen a operaciones contrasubversivas de largo aliento.
También se ha demostrado que en abril de 1991 el Ejército publica lo que sería la nueva doctrina militar sobre inteligencia para la contrasubversión. En ese mismo mes se publicaron el Manual de Operaciones Especiales de Inteligencia y el Manual de Equipos Básicos de Inteligencia Militar. En el primero no sólo se detalla qué es una operación especial de inteligencia (sabotaje, secuestro, terrorismo, y otras de naturaleza encubierta) sino que además se establece que será el SIN la máxima instancia de planeamiento de esas operaciones, que serían ejecutadas por personal del Servicio de Inteligencia del Ejército. En el segundo, se autoriza a los equipos de inteligencia que eliminen personas.
En el proceso también se ha comprobado que en el año 1991, año en que se creó el Destacamento Colina, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) también creó otro destacamento que envió a la ciudad de Huamanga, ciudad en la cual ese destacamento también eliminó a un número considerable de personas, entre las que se encuentran el periodista Luís Morales y la ex alcaldesa de Huamanga Leonor Zamora.
Se ha demostrado palmariamente que el entonces Presidente de la República dictaba órdenes a personal militar en actividad. Y no sólo eso, sino que además se ha demostrado que daba órdenes verbales e ilegales.
Más recientemente, se ha demostrado que desde enero de 1991 Vladimiro Montesinos se convirtió en el Jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional, institución que dependía funcionalmente del Presidente de la República. El SIN desde muy temprano colocó a los aparatos de inteligencia de las FFAA en una posición de subordinación y dependencia. Esto mismo ocurrió con el alto mando de los institutos armados.
Desde el año 1991 Vladimiro Montesinos recibía, por órdenes de Alberto Fujimori, fuertes sumas de dinero que administraba sin conocimiento del Jefe nominal del SIN, el mismo que era destinado para la realización de operaciones de inteligencia. Montesinos despachaba personalmente con el entonces Presidente de la República.
Se ha mostrado que durante los primeros años de la década de los 90, se produjo una violación sistemática de derechos humanos, a través de la utilización de la ejecución y la desaparición de personas.
La conclusión de todo ello es que ahora el proceso tiene muchas más pruebas de las que existían al momento de iniciar el juicio oral, gracias a la intervención del Ministerio Público y la parte civil. Esto, sin duda alguna, no solo consolida y ratifica la acusación del Ministerio Público sino que, sobre todo, determina un camino que parece seguro hacia la condena.
(Carlos Rivera Paz) |