La lucha contra la corrupción en los tiempos del APRA agoniza. ¿Qué ha hecho el Gobierno por solucionar el problema de la corrupción durante su período? Lamentablemente, hasta ahora muy poco, o casi nada. Esta idea se refuerza más, luego del 28 de julio, ante la silente actitud del presidente García en relación a tan compleja materia. Al parecer, las medidas anticorrupción se han vuelto tan poco efectivas que para un gran sector de la población cualquier anuncio en torno al tema tiene aroma a mecida.

Y es que, si bien para la percepción ciudadana el problema de la corrupción ha ido cambiando con el pasar del tiempo, sobre todo ante el destape de la infame gestión del régimen Fujimori-Montesinos, todavía éste es visto como un tema de poco interés. Pues, frente a amenazas como la violación de derechos de primer orden (como el derecho a la huelga o protesta, educación, salud, o los índices de pobreza); el problema de la corrupción no destaca. Sólo cuando los hechos corruptos son de gran magnitud, háblese de grandes sumas de dinero o de la actuación de muy altos funcionarios, la cosa pasa de ser un simple blanqueo de dinero, de una criollada, viveza; a un delito con necesidad de sanción.

Sin embargo, y aunque según datos proporcionados por Proética los peruanos tenemos alta tolerancia a actos corruptos (2005), ésta no sería razón para que el Ejecutivo empiece una política de pregón de "la limpieza del alma", en vez de afrontar la corrupción con medidas concretas y sobre todo eficaces, y hacer un mea culpa por su poca iniciativa en torno al tema.

Tal vez la cosa no sería tan grave si no fuera porque, incluso, hasta en los temas de mayor envergadura, las instancias respectivas no han cumplido un adecuado papel. Es por eso que, durante estos dos años de gobierno aprista, los más visibles bastiones de nuestra alicaída lucha anticorrupción han ido pasando de un segundo a un décimo plano, por falta de apoyo.

El subsistema anticorrupción

A siete años de la creación de las fiscalías, juzgados, salas superiores y procuraduría ad hoc anticorrupción para investigar y procesar a la mafia de Fujimori y Montesinos, sólo contamos con 53 procesos concluidos contra 175 causas que todavía están en etapa de investigación (portal web MINJUS, julio del 2008).

La respuesta del por qué el subsistema judicial anticorrupción ha llegado a ser tan poco trascendente en la lucha contra la mafia es compleja, pues se mezclan un conjunto de taras históricas del servicio judicial que también fueron absorbidas por el subsistema (formalismo, lentitud y cultura burocrática de muchos de los magistrados, etc.) y problemas propios de una especialidad tan difícil como la anticorrupción. Empero aparece, sin duda, un factor que no se debe dejar de mencionar: la falta de apoyo político tanto del Ejecutivo como del Congreso a fin de fortalecer las respectivas instancias.

Si a este nivel todavía tenemos ciertos fallos trascendentales y ejemplares, es gracias al esfuerzo que realizan algunos magistrados de forma individual.

El Congreso de los escándalos

Si hablamos de la actividad del Congreso de la República durante la última legislatura, los proyectos de ley que buscan instaurar algún mecanismo a favor de la lucha contra la corrupción, rendición de cuentas y participación política han sido poco impulsados o dejados de lado (imprescriptibilidad de los delitos por corrupción, protección del denunciante, revisión de la ley del nepotismo, etcétera). Más bien, se han producido escándalos en razón de la resistencia de procesar a algunas congresistas por supuestos actos corruptos, ocasionando con ello una clara imagen de que en materia de lucha contra la corrupción parece que no hay que mirar al Congreso.

La ONA

Por otro lado, en octubre del 2007 el presidente García, de un momento a otro, crea una instancia especializada en la materia: la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), al mando de Carolina Lizárraga, una de las juezas integrantes del subsistema anticorrupción con mayor reconocimiento.

La ONA, debido a su apresurada y poco coordinada creación, nació con pocas posibilidades de sobrevivir. Primero porque no era una instancia autónoma, pues estaba bajo la tutela del Ejecutivo; segundo, porque por más que la doctora Lizárraga explicara el conjunto de potestades con las que contaba, tanto el Ministerio Público como la Contraloría General, indicaban que estaban duplicando potestades constitucionalmente conferidas a sus instituciones.

Y es que, pese al beneficio de la duda que se le dio al momento de su creación, se confirmó que la idea de la instauración de la ONA no pudo ser más errada, dado que en vez de fortalecer tanto política como económicamente las instancias ya existentes de lucha contra la corrupción, instauraron otra. Como era previsible, salvo la presentación de un nuevo plan de lucha contra la corrupción y extraña vigilancia del concurso de profesores realizado por el Ministerio de Educación, la ONA no tuvo mayor protagonismo y ahora, con la renuncia de Carolina Lizárraga así como de gran parte de sus integrantes, nuevamente estamos ante otro órgano inservible en el Estado.

Apuntar a un Contralor independiente

Sin embargo, pese a este panorama todavía tenemos la posibilidad de que la lucha contra la corrupción no desaparezca. Un punto trascendental es sin duda la elección transparente del próximo Contralor General de la República.

Como es por todos conocido, Genaro Matute, actual Contralor, termina sus funciones el 29 de octubre, luego de siete años en el cargo. La próxima designación del responsable de este importante órgano es un cambio que ofrece una nueva oportunidad para que el gobierno reivindique su mal llevada política anticorrupción, y muestre su interés en la transparencia del manejo de los recursos del Estado.

Sobre esto no hay que olvidar que Alan García en el año 2006, al asumir su segundo mandato, indicó explícitamente que para la propuesta del Contralor General de la República solicitaría "(.) a los colegios profesionales y los grupos políticos con representación en el Congreso, propuestas sobre una personalidad confiable y ajena por completo al partido de gobierno y al gobierno mismo".

La Contraloría, si bien no es la única instancia, es una institución vital en el proceso de fortalecimiento democrático, pues de ser conducida adecuadamente por una persona capaz e independiente, se puede convertir en un pilar en la lucha contra la corrupción por las competencias con que cuenta: supervisar la correcta y transparente utilización de los recursos de todos los peruanos, prevenir y detectar actos irregulares y/o ilícitos penales, así como determinar las responsabilidades emergentes de los servidores públicos para ser puestas en conocimiento de las autoridades competentes (artículo 22 de la ley Nº 27785).

Conclusión

Como hemos visto, no es que falten ideas acerca de cómo luchar contra tan grave problema. El Perú ha ratificado convenciones contra la corrupción que establecen lineamientos básicos a seguir, también hay un conjunto de proyectos de ley en el Congreso, e incluso tenemos una propuesta de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS) que busca crear un sistema nacional anticorrupción autónomo, a fin de combatir este endémico mal a nivel macro y desde la raíz. Nuevamente, el real problema es que ni el Congreso, ni el Ejecutivo han impulsado realmente el tema.

Por último, pese a que el fenómeno de la corrupción no ha sido la materia más importante para el gobierno hasta el momento, la elección del nuevo Contralor puede ser el inicio de un antes y un después en la lucha contra la corrupción. Para ello, es importante la participación de la ciudadanía en el tema, ciertamente gracias a ésta es que todavía tenemos a la lucha anticorrupción en la agenda, de lo contrario estaríamos en un réquiem por lo que fue una política de Estado. No debemos esperar que esto ocurra.
(Lilia Ramírez Varela)