| Todos los 28 de julio el Presidente de la República debe dirigirse a la Nación desde el Congreso, para hacer balance y prospectiva de su gestión. Al respecto, nada ha cambiado en esta ocasión: hemos escuchado centenares de cifras sobre diversos logros, de los cuales en el campo del servicio de justicia sólo se ha hecho referencia al millón de defensas de oficio y consultoría jurídica popular, la atención de 50,000 consultas sobre conciliación y el inicio de 7,000 conciliaciones extrajudiciales en los centros de conciliación del Ministerio de Justicia.
También se han anunciado diversas medidas sobre los muchos problemas que vivimos los peruanos, y en materia de justicia sólo se ha planteado que “el gobierno tiene como principal objetivo apoyar la pronta aplicación del nuevo código procesal penal” en los distintos distritos judiciales en los que todavía no se ha puesto en marcha, para lo cual se han dado indicaciones para que se dé prioridad a este gasto en el presupuesto del 2009.
Habida cuenta de las dimensiones cuantitativas y cualitativas de los problemas existentes en nuestro sistema de justicia, diagnosticadas hasta el hartazgo, lo dicho no da para hacer un balance mínimo de los desvelos que la solución de estos problemas viene causando en el Poder Ejecutivo. Más aún, viendo las cosas desde otro ángulo, resulta evidente que no está dentro de las prioridades del Estado emprender el camino de la reforma integral de la justicia. Con excepción del impulso a la reforma procesal penal en curso, de la que hablaremos a continuación, ni siquiera se puede hablar de la existencia de alguna política pública dirigida a mejorar significativamente las dificultades de acceso, independencia judicial, lucha contra la corrupción, transparencia, infraestructura, etc.
El punto fuerte del mensaje en el campo analizado fue, sin duda, el impulso del proceso de aplicación de la reforma procesal penal, de cuyos buenos resultados en Huaura no se duda, pero todavía no se sabe con certeza lo que viene sucediendo en La Libertad, distrito judicial bastante mayor que Huaura. Y traemos a la mesa la necesidad de monitoreo, puesto que esta reforma importa un cambio radical en la concepción del proceso penal, por lo que requiere de una intensa preocupación por la preparación de jueces y fiscales en los nuevos roles y curso del proceso, así como de una infraestructura que garantice que la superación del proceso escrito cuente con la tecnología que permita el conocimiento de todo lo actuado. Si ello no sucede, nos encontraremos con una reforma desnaturalizada cuyo éxito nadie puede garantizar. Como no se puede aceptar un revés de tal naturaleza, lo fundamental es garantizar que cada paso que se dé cuente con la garantía de un desenvolvimiento eficiente, y aquí los órganos involucrados, sobre todo el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa de Oficio y la Policía deben modular las ampliaciones de acuerdo a la existencia de recursos humanos y materiales suficientes para llevar a cabo esta importante transformación.
En fin, si no fuera por el mencionado impulso a la reforma procesal penal en curso, la tentación de dejar la página en blanco como mejor comentario al persistente silencio presidencial se hubiera impuesto, con lo que al menos hubiéramos sido coherentes con el primer servidor del Estado en la línea del olvido. Lamentamos la distancia del Poder Ejecutivo con estos temas (ya saldrá algún perro del hortelano al que cargarle la culpa) y confiamos en que no se pierdan de vista los requisitos para que la reforma procesal penal tenga éxito.
(Alfredo Villavicencio Ríos) |