| Ángel Romero Díaz finalmente ha sido reincorporado al cargo de presidente de la Corte Superior de Lima y, con esto, ha quedado en evidencia la prevalencia de intereses subalternos. Intereses que pueden ser, a veces, más poderosos que cualquier lucha que se emprenda desde la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) o desde las organizaciones de sociedad civil para tener un sistema de justicia independiente, probo y al servicio de la ciudadanía.
Ángel Romero ha sido repuesto a pesar de haber sido separado de su cargo por la OCMA, decisión que fue confirmada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) y, originalmente, por el CNM con 5 votos a favor y 2 en contra. Ha sido restituido logrando que este último modifique su decisión con fundamentos cuestionables y extremadamente insuficientes, contraviniendo su propia ley orgánica (es decir, la ley que regula sus particulares funciones).
Ángel Romero ha logrado que el sistema sancionatario de magistrados muestre sus falencias; que los ciudadanos nos preguntemos si los pasos en frente logrados por este sistema, no son más que simples espejismos de una amalgama de corruptos y corruptelas al acecho de poder y dinero. La restitución de Romero da la sensación de que la lucha por tener un sistema de justicia al servicio de la ciudadanía está muy lejos de ganar siquiera una batalla.
Y por más que provoque apagar la luz y que el último cierre la puerta de la lucha contra la corrupción, tenemos la convicción que:
- Vocales como Romero y otros deberían dejar de dañar la imagen de algunos otros jueces anónimos que ejercen sus funciones de manera desinteresada y correcta.
- El sistema judicial, con una adecuada estrategia, mecanismos, y voluntad sí se puede liberar de la corrupción que lo debilita.
- Esperamos un sistema de justicia que nos asegure mínimos márgenes de predictibilidad para poder saber -los ciudadanos de a pie- que nuestras exigencias serán protegidas desde la trinchera de la razón y la verdad.
Por ello, consideramos que los próximos cinco meses, hasta el 31 de diciembre en que Romero culmina sus funciones como Presidente de la Corte Superior de Lima, serán de lucha. Serán cinco meses de fiscalización. Cinco meses en los que el repuesto Presidente será observado escrupulosamente por las organizaciones de sociedad civil.
(Vasco Mujica Roggero) |