Hace algunos años ya que el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura no era noticia en los diarios. La última ocasión se dio en el 2005, cuando respecto del ingeniero Jorge Lozada Stanbury, se hizo público un audio en el que afirmaba ser un hombre del partido (aprista), y que iba a volver a él a recuperar sus derechos, inmediatamente después de dejar el CNM, a la par que construyó una nueva teoría sobre la participación popular en los nombramientos de jueces, al indicar que si venía tu hermano a decirte que una persona era limpia completamente, tenías que nombrarla (ver: El CNM en el ojo de la tormenta).

Actualmente, el Dr. Edmundo Peláez Bardales está ingresando a terreno borrascoso, puesto que su nombre se ha visto involucrado en varios hechos que, aunque son en mucho anteriores a su mandato, están haciendo mella en la imagen institucional del CNM. La última noticia da cuenta de su patrocinio a un vocal que fue encontrado coimeando in fraganti, detenido y luego liberado en tiempo récord, para desaparecer inmediatamente y estar hasta ahora en condición de no habido. Antes de ello, fue uno de los puntales en el cambio de sanción a Ángel Romero, estuvo en la cuestionada ratificación del vocal Nicolás Ticona, se menciona su nombre en un caso de corrupción vinculado al Estudio Linares y al Interbank, fue denunciado por Heriberto Benítez de estar involucrado en la defensa de los hermanos Wolfenson en el Estudio de Abogados que tenía con Ricardo Chúmbez Paz.

La situación es verdaderamente delicada, incluso si tan sólo nos constreñimos a la última denuncia, la que, más allá de los detalles, nos lleva a plantearnos la pregunta siguiente: ¿Puede desempeñarse como Presidente de la institución que se ocupa de sancionar a los magistrados corruptos, una persona que fue abogado de un magistrado hallado con las manos en la coima? Como se ve, no estamos poniendo en cuestión la honorabilidad del Dr. Peláez, ni señalando que quien comete un acto de corrupción deba quedar sin patrocinio jurídico, porque eso atentaría contra las garantías mínimas de la vida civilizada. Sin embargo, sí creemos que la persona que encarna a una institución dirigida claramente a velar por la idoneidad profesional y ética de los magistrados no debería tener entre sus clientes a quienes cruzaron el río y se encuentran ahora en la otra orilla.

Ello nos lleva a una reflexión incluso mayor, que involucra a los órganos o colectivos que tienen la potestad de nombrar a los miembros del CNM, que deberían tener el cuidado máximo, incluso respecto de los clientes de las personas que presentan para ejercer un cargo de tanta relevancia. De otro modo, tarde o temprano se termina afectando la imagen de la justicia ya bastante alicaída, que lo que requiere es justamente lo contrario.
(Alfredo Villavicencio Ríos)