| La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que tiene a su cargo el proceso del estudiante Ernesto Castillo Páez, programó para el pasado 30 de junio, la vista de la causa. La Sala señaló como Vocal dirimente al magistrado Carlos Zecenarro, encargado de emitir pronunciamiento definitivo en relación a los elementos probatorios concurrentes, concordantes y múltiples que fundamentan la participación de Juan Carlos Mejía León en el delito de desaparición forzada de Ernesto Castillo Páez.
Como sabemos, el estudiante Castillo Páez fue detenido el 21 de octubre de 1990, como parte de un operativo policial dirigido en ese entonces por el Comandante PNP Juan Carlos Mejía León, en el distrito de Villa El Salvador, sin que hasta la fecha se conozca su paradero. El 20 de marzo del 2006 la Sala Penal Nacional condenó a 16 años de pena privativa de la libertad al ahora Coronel en retiro, y a 15 años a los SO PNP Juan Aragón Guivobich, Carlos De Paz Briones y Manuel Arotuma Valdivia, como autores materiales del delito contra la humanidad, por desaparición forzada en agravio de Ernesto Castillo. Esta resolución fue materia de un recurso de nulidad y elevada a la Corte Suprema para que emita pronunciamiento definitivo.
El 18 de diciembre del 2007 la Corte Suprema votó la causa, emitiendo una sentencia discordante de tres a favor y dos en contra en el caso del procesado Mejía León y confirmando la condena en relación a los suboficiales Arotuma, De Paz y Aragón. La Primera Sala Penal Transitoria nombró como vocaldirimente al magistrado Robinson Gonzáles Campos, quien el 22 de mayo del 2008, emitió su voto dirimente opinando y adhiriéndose por la absolución del procesado Mejía León, con lo cual el proceso quedó con tres votos a favor de la absolución de Mejía León y tres votos en contra. Es en razón de ello que se programó el pronunciamiento definitivo en esta causa del magistrado Carlos Zecenarro Mateus.
Debemos recordar que el 03 de noviembre de 1997, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia en este caso, estableciendo la responsabilidad internacional del Estado peruano en actos violatorios de la libertad y la vida del estudiante Ernesto Castillo, ordenando la investigación y sanción a los responsables de este crimen. Esta causa también fue investigada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su Informe Final, siendo reconocida como un caso emblemático de la práctica de la desaparición forzada en el Perú. En ese sentido, los abogados del IDL -que representan a la parte civil- han enviado una carta al Presidente de la Corte Suprema, expresando su profunda preocupación por el pronunciamiento definitivo de esta máxima instancia. La absolución del condenado Mejía León desconocería los avances jurídicos en materia probatoria que revelan los niveles de responsabilidad de los procesados, establecidos por la Sala Penal Nacional, y los diversos elementos probatorios que durante el juicio oral se han aportado y que no pueden ser razonados y evaluados de la misma forma que los delitos de carácter ordinario.
Asimismo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo han remitido cartas al Presidente de la Corte Suprema para que emita ejecutoria suprema, teniendo en cuenta que este proceso tiene alrededor de dos años en la Corte Suprema y aún no tiene pronunciamiento final. Por todo ello, el jueves 14 de agosto a las 6:00 p.m. se realizó una vigilia frente al Palacio de Justicia, con el fin de reclamar a la Corte Suprema que emita el pronunciamiento definitivo por la condena del Coronel (r) PNP Juan Carlos Mejía León; y exigiendo que el voto del magistrado Zecenarro Mateus reconozca la larga lucha por la justicia que han librado los familiares de la víctima y que, por cierto, aún se encuentra amenazada.
(Tania Valle Manchego) |