| Hace aproximadamente un mes, se publicó en este portal una nota referente a cómo es que luego de casi 25 años, la atención pública se enfocó en los recientes trabajos de excavación de la que probablemente sería, la fosa común más grande identificada, en relación con el periodo de violencia política ocurrido en nuestro. Nos referimos a las fosas encontradas en el poblado ayacuchano de Putis (ver: La espera de justicia: Caso Putis, hace 24 años se asesinó a 120 personas y no se hizo nada…). Si bien la noticia fue, sin duda, un paso positivo en la constante búsqueda de verdad y justicia, no se podía dejar de mencionar cómo es que tuvo que pasar un cuarto de siglo desde que los hechos ocurrieron, y cinco desde que la CVR los denunciara en su Informe Final, para que se iniciaran las excavaciones y la investigación respectiva.
Ya la revista Caretas (edición Nº 2035, 10 de julio), presentó cómo es que no solamente pobladores de Putis, sino de una gran cantidad de comunidades, habían permanecido y aún permanecían en el olvido, debido entre otras cosas a la relativamente reciente reubicación de algunos desplazados, lo cual implicaba no solo indiferencia del Estado, sino el constante dolor de la herida abierta.
Recientemente se publicó que el 70% de los 60 primeros cuerpos exhumados en Putis, pertenecían a mujeres (algunas embarazadas), y que fueron encontrados además restos de niños (La República, 08/08/08), corroborando así lo denunciado por la CVR en su Informe Final. Según la información periodística, los restos serán expuestos para su identificación por parte de los familiares, y luego para que los mismos reciban una adecuada sepultura.
La primera etapa de trabajo realizada por el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) se hizo sobre cinco de las catorce fosas encontradas, y aunque los avances son positivos, la indiferencia del Estado parece resaltar a pesar de los esfuerzos del Ministerio Público.
Las investigaciones requieren información en poder del Ministerio de Defensa, información relacionada con los autores de los hechos y sobre la base militar que fue instalada en Putis. Esta información fue solicitada ya en el 2003 por la CVR, y ha sido nuevamente solicitada a propósito de las excavaciones mencionadas. La primera respuesta del Ministerio de Defensa negaba la existencia de una base militar en la época en que los hechos sucedieron (1984), y ahora la respuesta ha sido que los documentos relacionados fueron incinerados; esto último, a pesar de que, como lo declarase el ex procurador Vargas Valdivia (Ideeleradio, 05/07/08), existen mecanismos y documentos (como por ejemplo, las fojas de servicio del personal militar) que reconstruyan indirectamente los hechos.
Lo anterior, sumado a las declaraciones del Ministro de Defensa y del Comandante General del Ejército, respecto a la negación de una disculpa institucional, cuya importancia simbólica forma parte de una indudable política de reconciliación por parte de las Fuerzas Armadas; mantiene la brecha que deja a las víctimas en el peor lado del acantilado, lleno de bruma por el olvido, y en donde existen historias y testimonios afónicos que hacen crecer los fantasmas de las víctimas mortales de la violencia, y con ellos, el dolor.
(Aarón Verona Badajoz)
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