Una de las creencias más recurrentes, cuando los conflictos sociales llegan a niveles de escalada, es suponer que desde el Poder Judicial o desde alguna instancia estatal vinculada al sector justicia se debe necesariamente dar respuestas y que, además, tienen que ser represivas contra los que protestan.
A propósito del conflicto en la Amazonía, han surgido algunas voces de diversos sectores que no sólo han reclamado “mano dura”, sino también la intervención de los cauces judiciales correspondientes, lo que desde nuestro punto vista podría no sólo ser contraproducente sino que incluso podría empeorar las salidas pacíficas que se debieran promover.
En especial, la tendencia creciente del país a incrementar los conflictos sociales, debiera motivarnos a repensar este asunto con criterios técnicos y desde una óptica de acceso a derechos. Al respecto, y para tener una idea de la magnitud de esta situación, observemos que según las informaciones de la Unidad de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, sólo en el último año el número de los mismos se habría casi duplicado (de 74 en julio del 2007, a 147 en julio del 2008), lo cual es un indicador de las serias dificultades de la clase política para manejar las demandas sociales y encauzarlas por situaciones no confrontacionales.
Lo que viene ocurriendo en la Amazonía es bastante revelador de la incapacidad de los poderes públicos para entender las diferencias culturales existentes que impiden a las partes llegar a acuerdos razonables. La idea de un Estado Nación, donde existe una sola cultura y una sola fuente normativa, no sólo es anacrónica sino que es profundamente antidemocrática y absurda. De allí que debería trascenderse este nivel de comprensión para promover una negociación intercultural donde se respete la opinión de los pueblos indígenas. No abordar de este modo el reciente conflicto conlleva a un peligroso desenlace en la cual todos podemos salir perdiendo, además de generar precedentes indebidos para futuras situaciones que se produzcan.
Existe, entonces, una responsabilidad mayor en el caso de los funcionarios gubernamentales, empezando por el Presidente de la República, que debieran preocuparse por entender la cultura diferente de un porcentaje importante de peruanos y peruanas que no piensa necesariamente como ellos (comunidades campesinas y nativas). No solamente porque se trata de una obligación constitucional (artículo 2 inciso 19) e internacional (a partir de los tratados y declaraciones que el país ha suscrito voluntariamente), sino por un elemental sentido de respeto al otro. No hacerlo así, es revelador de ignorancia o de mala fe, lo que no puede permitirse en quienes conducen las tareas gubernamentales, ya que es fuente de deslegitimación y de retroceso de los valores democráticos.
Requerimos por lo tanto una manera diferente de abordar los conflictos sociales, donde, desde el lado gubernamental, se evidencie una actuación proactiva que permita soluciones razonables para quienes se confrontan, o confrontan al mismo Estado. Necesitamos un cambio de enfoque en el abordaje de estas situaciones de polarización, evitando que las protestas se desborden, para la cual los mecanismos de diálogo y concertación son necesarios. No actuar de este modo, puede ser muy peligroso.
(Javier La Rosa Calle)