Mientras el Tribunal Constitucional no consigue elegir a su presidente, y han postergado la decisión para el 24 de diciembre, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, con celeridad que envidian los litigantes, lanzó al aire la columna de humo blanco que anuncia el acuerdo inmediato: Javier Villa Stein es el vocal elegido por sus pares para presidir el Poder Judicial (PJ) y la Corte Suprema.
La decisión, siempre muy trascendente en un servicio de justicia que la ciudadanía encuentra muy deficiente, lo era más en esta ocasión puesto que en las atribuciones del presidente electo está determinar la composición de la Sala Penal que resolverá en segunda y última instancia el juicio en marcha a Fujimori.
En este contexto, y siendo conocida la cercanía de Villa Stein con el fujimorismo, habría que comenzar señalando que la Sala Plena que lo respaldó mayoritariamente no podrá librarse de la responsabilidad que recaiga por las decisiones que en ese y otros campos tome el nuevo presidente, por lo que harán bien si siguen muy de cerca el mandato, y por el contrario, crearán un descrédito insalvable si no se involucran y garantizan un mínimo de independencia y solvencia en los órganos penales supremos. Asimismo, la sociedad civil tendrá que redoblar sus esfuerzos de fiscalización, para que un hecho histórico de lucha contra la impunidad no tenga un final que tire por la borda la verdad y la justicia.
En fin, si ya sonaban lejanos los ecos de la autorefundación de la justicia que anunciara con bombos y platillos Hugo Sivina a lo largo de su período como presidente del PJ, de seguirse en un curso que desatiende el reclamo de mejoras estructurales en la eficiencia y probidad de la justicia, sólo se estará apuntalando a aquellas posiciones que entienden que el componente heterónomo de la reforma tiene que ser el determinante. Y no debería haber queja al respecto, en la medida en que ya llevamos 7 años desde la restauración democrática, en los que el PJ ha jugado únicamente (aunque con limitaciones presupuestales) a quedarse en lo material y no abordar el centro de la problemática: a) la idoneidad profesional de los magistrados, b) su probidad, c) su independencia frente a cualquier poder fáctico, d) el cambio de cultura judicial, e) su compromiso con la defensa las reglas democráticas y los derechos humanos, f) las facilidades para el acceso de los ciudadanos más pobres y g) la articulación adecuada entre los distintos órganos que componen el sistema de justicia.
(Alfredo Villavicencio Ríos)