Uno de los documentos universales más importantes en la historia de la humanidad acaba de cumplir 60 años este 10 de diciembre, y a pesar de su existencia sexagenaria, la exigibilidad de los valores que encierra sigue teniendo la fuerza inagotable de la juventud. Felizmente, el debate de los derechos humanos está vigente, es público y su causa va llamando la atención de nuevas generaciones en diversas partes del mundo. Infelizmente, la fuerza del discurso de los derechos humanos se ha auto-empoderado, también y principalmente, a causa de la persistencia de graves violaciones a la dignidad humana. Este panorama nos fuerza a los comprometidos con esta causa de todos y todas, a no perder la oportunidad constante de renovar estrategias de trabajo, a seguir señalando en voz alta los atropellos contra los derechos humanos, a observar el camino recorrido y aprender de los errores, así como a seguir exigiendo (muchas veces, casi siempre, en la adversidad) que los Estados y las autoridades asuman el papel que les corresponde y tomen, al fin, el protagonismo decidido en la defensa de los derechos humanos, a los que mucho deben.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es justamente eso, una declaración. No una dádiva ni una concepción creada por los Estados. Es la puesta en expreso de la dignidad de la persona humana y de los derechos inalienables para hacerla efectiva, una constatación que tuvo que explicitarse cuando los horrores de las guerras mundiales se manifestaron. Es también, en tiempos actuales, una constatación que aún se hace difícil de respetar, por particulares y por los Estados, situación ante la cual ha quedado claro que la lucha por la protección de los derechos humanos no sólo es jurídica, también es imprescindiblemente mediática y política. Tremenda tarea, sobre todo para una causa en la que se “combate” a la violencia sin violencia, teniendo sólo las “armas” de la palabra, del derecho y de la razón; en medios donde usualmente la libertad de expresión resulta controversial y donde las instituciones del sistema de justicia aún no encuentran la independencia, eficiencia y compromisos necesarios para lograr efectivizar el modelo de Estado al que muchas de nuestras constituciones políticas nos adscriben, el Estado Democrático de Derecho. Estas constataciones no son nuevas, sobre todo desde el llamado Movimiento de Derechos Humanos, pero sí absolutamente necesarias de repetirse una y otra vez.
Y como también se ha dicho, esta causa es una muy buena causa. Si realmente se conociera los beneficios de una sociedad pacífica, sin deudas del pasado, con justicia, reconciliación y posibilidades por igual de desarrollo humano, no dudaríamos en poner nuestras manos a trabajar por ella. Claro, salvo, esos “detalles” de estar comprometidos de equis manera en, por ejemplo, casos cuestionables de vulneraciones a los derechos humanos y continuar argumentando impunidad y no verdad; o de estar presos de una conciencia indiferente creyendo que le afecta a todos menos a uno o una misma. Sobre lo primero, hay que decir que esa insistencia es un craso error, pues la tendencia, a contracorriente, tiene como hito la Declaración Universal de Derechos Humanos, seguida por los principios reconocidos en ámbito internacional de no impunidad, no prescripción, diversas Convenciones e incluso (otra vez) nuestras propias Constituciones (por lo menos la nuestra).
Importante (¡importantísimo!) es el trabajo que desde hace años los llamados defensores de los derechos humanos realizan. Educando, promoviendo el conocimiento de esos derechos (la mejor manera de prevención), dando la alerta de casos de violaciones que de otra forma quizá quedarían en la nada, organizándose y compartiendo experiencias para unir esfuerzos en esta causa, movilizándose en los innumerables plantones y marchas (personalmente, creo que las mismas tienen un poder intenso sobre todo cuando estar contra los derechos humanos no es lo políticamente correcto) y, por supuesto, llevando la causa ante los tribunales de justicia justamente para buscar justicia.
Y ahí, el artista, es el juez, el fiscal, el abogado. ¿Qué poder tiene una sentencia? Más de lo que uno sabe o quiere saber, y cobra especial relevancia, sobre todo cuando de derechos humanos se trata. El poder de establecer la verdad jurídica de los hechos, la que por supuesto, no debe ser sino el símil de lo que efectivamente sucedió con las víctimas. El poder de prevenir nuevas vulneraciones, el poder de evitar diez o quince años más de litigio para conocer el paradero de un familiar y acceder por fin al derecho al duelo en una vida que (a pesar de las reparaciones) ha quedado vulnerada para siempre. Ese poder tiene una sentencia, y esa es la responsabilidad insoslayable de un juez cuando a sus manos llega esta causa: hacer realidad un juicio justo, el ansiado acceso a la justicia, la concreción de la garantía jurisdiccional sin la cual los derechos quedan en una realidad de papel, desbaratando no sólo la vida (ese bien tan preciado a partir del cual podemos ser partícipes de las artes, la ciencia, la amistad, la familia) sino también la legitimidad del sistema de justicia.
Por lo anterior, “para ayer” es el momento en que se requiere la acción de este juez. Sobre todo, cuando existe la deuda de la inacción generalizada del sistema de justicia en los años de violencia interna, con una justicia militar protagonista, aplicación de leyes de amnistía, procesos de hábeas corpus desatendidos y jueces sin rostro. ¿Un primer argumento jurídico para la acción?: la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, nuestra Constitución Política; tal como lo hizo en su momento (sin lamentable éxito) la jueza Saquicuray o la fiscal Magallanes, por mencionar contadísimos ejemplos de la importancia de ser juez y fiscal. Éste es el tiempo para avanzar en la causa de los derechos humanos, y es hoy y ahora que se espera de nuestra judicatura una respuesta contundente contra la impunidad.
Nunca es tarde para estas reflexiones, y sobre todo es imposible dejar de hacerlas cuando la Declaración cumple 60 años, oportunidad para reafirmar los retos de todos y todas, para invitar a unirse a esta causa, y para reconocer a quienes como Anuska Buenaluque y la Congregación Maryknoll (Premio Nacional de Derechos Humanos 2008) han optado libremente por la defensa de los derechos humanos. Desde el Consorcio Justicia Viva, celebramos estos 60 años de lucha y compromiso a favor de nuestra dignidad, un compromiso al que, por supuesto, nos sumamos enteramente.
(Cruz Silva Del Carpio)