El presidente electo del Poder Judicial, al plantear su candidatura, presentó un bosquejo de Plan de Trabajo para el período 2009-2010 (ver: Plan de Trabajo), en el cual establecía de manera general los ejes centrales de su política a la cabeza de la institución. En el presente artículo analizaremos brevemente dichos lineamientos, a la luz de la correspondiente propuesta de la Comisión Especial para la Reforma Estructural de la Administración de Justicia – CERIAJUS, en lo que compete exclusiva o de manera compartida al Poder Judicial.
Javier Villa Stein plantea inicialmente tres aspectos básicos en su gestión: i) darle continuidad al proceso de reforma liderado por Francisco Távara; ii) contribuir a la política de Estado de atracción de inversiones; y, iii) asumir debidamente la responsabilidad del Poder Judicial ante la Nación.
En las líneas siguientes buscamos aterrizar esos ejes en áreas de trabajo, planteando propuestas en cada una de ellas: i) consolidación de los ejes de reforma; ii) redefinición del papel de gestión en el Poder Judicial; iii) presupuesto; iv) mejor interacción con los usuarios y la ciudadanía; v) control preventivo de la corrupción; vi) recursos humanos; vii) reforma procesal penal; y, viii) acceso a la justicia.
Como puede verse, el plan aborda varios de los problemas centrales de la administración de justicia, aunque lo hace desde aspectos generales. El plan de trabajo no aterriza concretamente en cómo se van a ejecutar los planteamientos establecidos, sino es principalmente un esbozo de los problemas y ciertas medidas para superarlos. Igualmente, desde el inicio hay una distorsión de perspectiva, habida cuenta que la consolidación de la reforma implica reconocer que en la gestión de Francisco Távara, se advierten grandes logros en pos de una reestructuración judicial, lo cual dista de la realidad. En esa medida, no debe plantearse una continuación de la reforma, sino repotenciarla.
Ahora bien, entre las propuestas más novedosas podemos resaltar el planteamiento de habilitar un canal de televisión, a semejanza del que tiene el Congreso, para dotar de mayores niveles de transparencia en las actuaciones de los magistrados y el equipo de gobierno. Ciertamente, esta propuesta puede complementarse con la difusión de la señal televisiva vía internet, tal como lo hace el Congreso. Por otra parte, una medida interesante es la instauración de juzgados especializados en lo constitucional, en cumplimiento del mandato del Código Procesal Constitucional.
En sentido opuesto parece apuntar el silencio sobre las medidas para implementar la Ley de la Carrera Judicial y las críticas a esta norma, en la sección referida al control de constitucionalidad de las leyes. Así, mientras se plantea cumplir con lo propuesto por el Código Procesal Constitucional, se intuye cierta rebeldía para avocarse a lo aprobado por el Congreso de la República y promulgado por el Poder Ejecutivo en la Ley de la Carrera Judicial.
Además, es bueno indicar que los planteamientos de Villa Stein dejan en el tintero diversos aspectos importantes para un mejor funcionamiento del Poder Judicial, que son de conocimiento público, y que fueron contenidos en el Plan de la CERIAJUS. Algunos de esos temas son los siguientes:
- Uso de peritaje cultural.
- Uso de intérpretes.
- Fortalecimiento del subsistema anticorrupción.
- Fortalecimiento del subsistema de protección de derechos humanos.
- Capacitación sobre los alcances de la Ley de Transparencia y Acceso a la Función Pública.
- Redefinición del plan de descarga procesal.
- Programa nacional de desarrollo de despachos judiciales.
- Solución de problemas específicos de la Corte Suprema de Justicia.
- Informatizar los despachos jurisdiccionales supremos a fin de facilitar la labor de los magistrados y establecer sistemas informáticos para conocer la situación diaria de los expedientes, la sumilla de la ejecutoria y la clasificación por materias.
- Agilizar administrativamente la salida de expedientes de las correspondientes Salas.
- Aumentar el número de secretarios de confianza para apoyo de vocales supremos.
- Exigir el cumplimiento de los plazos legales para la redacción de las ponencias y en su caso imponer las sanciones disciplinarias que correspondan.
- Cumplir el artículo 142 de la LOPJ y suscribir la resolución en el menor plazo posible sin causar dilaciones injustificadas.
- Mejora en la recaudación de tasas judiciales, multas, depósitos, etc.
- Incentivar la consolidación de un registro Único de Requisitoriados, procesados ysentenciados.
- Medidas contra el hacinamiento en los juzgados.
- Potenciar los juzgados de paz en comisarías.
- Impulsar una política de infraestructura mobiliaria e inmobiliaria.
Por otra parte, dentro de su plan no se encuentra la peregrina propuesta de incorporar al Tribunal Constitucional al Poder Judicial reemplazándolo por una sala especializada. Lo que permite observar, desde ya, la relevancia que podría ostentar este documento en la gestión de Villa Stein. En ese sentido, corresponde tener a la vista siempre lo prometido por el vocal supremo, a fin de que sirva de insumo para la intensa fiscalización que nos deparan los próximos dos años judiciales.
(César Bazán Seminario)