En la década de los '70 se organizó en América Latina una tristemente famosa alianza entre los gobiernos militares de la época que involucraban a Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, cuyo objetivo era poder capturar, torturar y desaparecer a todos quienes fueran opositores a los regímenes de la época sin importar su nacionalidad o en que país se encontraran, dicha alianza llevó el nombre de "Plan Cóndor".

Aunque el Perú no se incluye oficialmente dentro de los documentos que revelan la creación y actividades del "Plan Cóndor", estudiados y analizados por el abogado paraguayo Martín Almada que encontrara en su país "los archivos del terror" ( BBC, Todo sobre el Plan Cóndor ), algunos indicios vincularían a nuestro país: en 1977, durante el gobierno militar del general Morales Bermúdez (1975-1980), el ciudadano argentino Carlos Maguid, al parecer perteneciente al "Movimiento Peronista Montonero", desapareció en nuestro territorio, y fue enviado de regreso a su país, el cual practicaba una política de búsqueda y desaparición de opositores al régimen dictatorial representado en ese momento por Jorge Rafael Videla. En 1978, dirigentes de la izquierda peruana fueron capturados y entregados al Regimiento de Infantería de Montaña Nº 20, en Jujuy, Argentina ( La República, 31/12/07), al parecer por ser "dirigentes subversivos", y opositores al régimen militar. En 1980, cuatro ciudadanos argentinos pertenecientes al "Movimiento Peronista Montonero", fueron capturados en nuestro país para posteriormente ser deportados a Bolivia, hechos confirmados por el ex ministro del Interior de la época Pedro Richter ( La República, 29/12/07 ), desconociéndose hasta hoy el paradero de tres de ellos, mientras que una fue encontrada muerta en Madrid tiempo después; y cuyos hechos son analizados por Ricardo Uceda en la investigación realizada para el libro "Muerte en el Pentagonito".

Todos estos hechos son indicios que en efecto, vincularían al gobierno militar peruano de la época con las actividades desplegadas por el Plan Cóndor, principalmente las realizadas por el gobierno argentino, cuyos ciudadanos fueron capturados y deportados por nuestro país a Argentina o a Bolivia (quien también formaba parte de la deplorable alianza); y así parece que lo ha considerado la jueza italiana Lusiana Figliola quien habría emitido un pedido de detención para 140 ex funcionarios latinoamericanos, entre los que se encuentran el ex presidente Francisco Morales Bermúdez y su ex primer ministro y ministro del interior Pedro Richter Prada; por la muerte, tortura o desaparición de 25 personas de nacionalidad italo-argentina.

Las manifestaciones al respecto han sido inmediatas, siendo las más resaltantes y preocupantes dos de ellas; en primer lugar la emitida por el presidente Alan García, en la cual manifestó su total apoyo a Morales Bermúdez, acotando además que no otorgaría su venia a un eventual pedido de extradición italiano; en segundo lugar, la emitida por el primer ministro Jorge del Castillo, ratificando lo manifestado por el presidente y señalando el apoyo de todo el gabinete ministerial (La Primera, 3/1/08 ) ( Perú21, 3/1/08 ).

No podemos dejar de dar nuestra opinión respecto a estas manifestaciones, las cuales fueron dadas de manera categórica, tomando postura el Ejecutivo antes de haber sido revisado el expediente del caso, antes de dar opinión el Poder Judicial e incluso antes de haber sido planteado el debido pedido de extradición. Como lo ha manifestado el jurista argentino Juan Méndez, Presidente del International Center for Transitional Justice:

"Cooperar con la justicia italiana es importante porque, de lo contrario, estos casos quedarían impunes. Las normas se deben cumplir y, aunque el Estado no tiene la obligación de extraditar, sí tiene la obligación de juzgar, de investigar a fondo" (Perú.21, 8/1/08).

En efecto, el dar una opinión apresurada por parte de quien debe pronunciarse finalmente por la eventual extradición, parcializa la investigación y análisis del pedido, lo cual implicaría un rechazo a colaborar con la justicia internacional (habiendo nosotros acabado de terminar un proceso de extradición en el cual la colaboración entre los países intervinientes, logró que se llegase a buen puerto); más aún cuando tanto Morales Bermúdez, como Richter Prada han manifestado su intención de colaborar y ponerse a derecho ante la justicia italiana. Las voces del Ejecutivo no solo deben ser mesuradas, sino objetivas y centradas en la optimización del procedimiento legal, más allá de simpatías.

Estamos entonces ante los primeros pasos para el esclarecimiento de estos hechos enterrados hace mucho tiempo, pero cuyos fantasmas aún rondan el camino hacia la consolidación democrática y respeto a los derechos humanos.
(Aarón Verona Badajoz)