Aun cuando la huelga ya ha concluido para alegría de todos, hay algunos temas que deben tratarse respecto a lo ocurrido. El primero es el conflicto que existió entre el Ejecutivo y el Judicial y las reflexiones que nos deja. El segundo es lo que se dejó de discutir por la existencia del enfrentamiento en cuestión. Veamos.

El conflicto y las enseñanzas que quedan

La huelga judicial iniciada el 26 de noviembre último (ver: Huelga Judicial: una salida de emergencia y un problema inmemorial ) enfrentó, nuevamente, al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial (PJ). Repasemos los principales hechos.

El 26 de noviembre inició la huelga de los trabajadores del PJ, la misma que fue declarada ilegal por parte de dicho poder del Estado. Luego de casi un mes de huelga, el 15 de diciembre, el gobierno promulgó la Ley 29155, que en su segunda Disposición Transitoria otorgaba un bono extraordinario para los trabajadores en cuestión. Sin embargo, dicha norma no acabó con la huelga ya que no estaba claro el monto del bono en cuestión. A los 7 días de expedida la norma, el gobierno la dejó en "suspenso" a través del Decreto de Urgencia Nº 048-2007.

El año judicial comenzó en huelga y el Presidente del PJ, en su discurso de apertura, catalogó como "justa y legítima" la pretensión de los trabajadores judiciales, aunque los llamó claramente a dejar su medida de huelga. A su vez, en diversas declaraciones, exigió que el gobierno cumpliera con brindar el dinero. Frente a sus pretensiones, el Primer Ministro respondió fuertemente, manifestando que se trataba de un pedido irresponsable, habló de corruptela y acusó al Presidente del PJ de haber incurrido en una ilegalidad al haber pagado su sueldo a los trabajadores en huelga. Távara se defendió y acusó al ejecutivo de censurarlo tanto en el Diario Oficial El Peruano como en el Canal 7 durante su discurso a la nación (La República 03/01/08 y 06/01/08).

¿Cuál es nuestra opinión sobre este enfrentamiento?

i) Sobre el Poder Ejecutivo

En primer lugar, nos parecen poco afortunadas las declaraciones del Primer Ministro, principalmente al deslizar la posibilidad de la existencia de corruptela por pretender el pago de S/. 900 a los trabajadores en huelga (La República , 06/01/2007), así como por haber calificado de ilegal la actitud del Dr. Távara por haber pagado el mes de diciembre a los trabajadores en huelga sin, supuestamente, saber a qué causas respondía dicho pago y cómo se subsanaría el error en cuestión. Sobre el hecho, el Presidente del PJ ha señalado que "La huelga es ilegal y no debieron cancelarles. Lo que sucedió es que en diciembre se cierran las planillas la primera semana, y el 4 la Federación de Trabajadores del PJ firmó un acta comprometiéndose a deponer la huelga. Luego la incumplieron. Vamos a descontarles." ( La República , 06/01/2007).

En segundo lugar, la censura en el Canal del Estado denunciada por Francisco Távara debe ser investigada ( La República , 06/01/08). Ésta, de ser cierta, debería ser sancionada y, sobre todo, hablaría muy mal del Ejecutivo y de prácticas poco democráticas.

En tercer lugar, el Ejecutivo debe cumplir con lo que ofrece y con lo que tiene el deber de dar. La Ley Nº 29155 establecía un deber de pago, sin embargo, a través de un Decreto de Urgencia cuya constitucionalidad debe ser investigada (no queda del todo claro su carácter de temporal ni la urgencia de la materia regulada) cancela dicho deber. Consideramos que fue un modo poco serio de abordar el problema; el mismo Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se pronunció en ese mismo sentido (ver: Comunicado)

ii) Sobre el Poder Judicial

Deben tomarse acciones para evitar las huelgas. Como hemos advertido antes, cada año hay una huelga judicial que tiene resultados nefastos para los usuarios del sistema. Se acerca el fin de año y cada persona vinculada de una u otra forma con el PJ sabe que viene la huelga, ¿por qué no se evita entonces? Ya es hora de que se tomen cartas en el asunto y se establezcan mecanismos claros que eviten llegar a estas medidas y que vinculen a todas las partes involucradas.

Por otro lado, y en relación a lo anterior, las huelgas ilegales deben acarrear sanciones. Por ello deben ser severas y desincentivar este tipo de medidas. A su vez, como hemos advertido antes, debe regularse claramente el régimen laboral de los trabajadores del PJ y establecerse un adecuado sistema disciplinario.

iii) Las relaciones de poderes

Finalmente, existe una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el presupuesto del PJ: debería cumplirse. Los poderes del Estado no deben esperar a que la huelga los haga juntarse o, en este caso, chocar.

Lo que se dejó de discutir

El fin de año judicial debería generarnos algunas preguntas: ¿qué cosas concretas mejoraron?, ¿qué empeoró (hay alguna autocrítica)?, ¿cómo se gastó?, la CERIAJUS está escrita hace años, ¿qué se avanzó en este año?. Es el momento de hablar a fondo de estos temas.

Lamentablemente, la huelga copó todos los titulares. Esto era necesario dada su importancia, pero hay también otros temas trascendentales que se deben y pueden discutir.
(Fernando Del Mastro Puccio)