Gran controversia ha despertado en estos días el caso de la Fiscal Luz Hortensia Loayza. ¿Debe o no regresar a Iquitos? La opinión del Ministerio del Interior, a través de su titular, es que no debe regresar, pues su vida corre peligro. Pero la última palabra, como han señalado el Ministro del Interior, así como el Presidente de la República, la tiene el Ministerio Público, a cargo de la Fiscal de la Nación Adelaida Bolívar, quien hasta el momento no parece cambiar de opinión en cuanto a que la fiscal Loayza debe regresar a sus labores a cargo de la fiscalía de Maynas.

No es para menos la controversia suscitada; la vida de una persona es la que está en juego. Pero los representantes del Ministerio Público denuncian que la opinión del Ministro del Interior -y al parecer de todos los que piensan igual- representa un atentado a su independencia, y es aquí donde queremos detenernos por un momento.

Como se sabe, la fiscal Loayza viene solicitando a sus superiores permanecer en Lima, alegando para ello que viene recibiendo amenazas contra su vida de parte de narcotraficantes que ella ha denunciado. Y lo cierto es que tiene la historia a su favor: fue ella la que denunció, en el año 2006, la presencia de un cargamento de cocaína en uno de los aviones de Aerocontinente, de propiedad en ese entonces de Fernando Zevallos, conocido también como "Lunarejo", sindicado como narcotraficante. Fue un grave golpe al narcotráfico. En ese escenario, ¿es posible pensar que los narcotraficantes quieran cobrar venganza de la fiscal que denunció tales hechos? No sería la primera vez que una mafia cobraría la vida de una persona para vengarse, o como señal de amenaza para el futuro. Un juez que venía investigando a 35 miembros del cartel de Tijuana fue muerto en un restaurante (ver: artículo). El guardespaldas de un fiscal que venía investigando casos de narcotráfico fue asesinado no hace mucho (ver: artículo).

Es cierto que el Ministerio Público tiene independencia para decidir si traslada o no a su personal. Pero la independencia no es un fin en sí mismo, es una garantía que está ahí para asegurar que los fiscales no sufran interferencia para decidir los casos de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Entonces, si a través de una decisión administrativa se pone en riesgo la vida de una persona, lejos se está de defender a la Constitución, que garantiza el derecho a la vida, al contrario, se la está vulnerando. En efecto, nada más alejado de un verdadero concepto de independencia que aquél que parece estar esgrimiendo los representantes del Ministerio Público. En cierto sentido, podemos decir que se está manipulando falazmente esta expresión para asegurar la no interferencia de una decisión que a todas luces es irrazonable.
(Julio Avellaneda Rojas)