El megajuicio contra Alberto Fujimori por crímenes contra los derechos humanos ha cumplido su sexta semana y éste es un buen momento para hacer un muy breve balance de lo que el país ha visto y escuchado hasta la fecha. En ese sentido, lo primero que debemos recordar es que estamos ante un juicio de carácter excepcional y sin precedentes en la historia de la República, que debería terminar señalando un antes y un después para la justicia.

En segundo lugar, hay que destacar el buen nivel de organización que el Tribunal Especial ha montado para la realización del proceso judicial. A diferencia de lo que normalmente conocemos en el sistema de justicia penal, ésta es una maquinaria judicial que funciona correctamente y a tiempo. Sólo eso le permite encarar un juicio tres veces a la semana.

En tercer lugar, el manejo del juicio por parte del tribunal y de manera especial de su presidente, el vocal César San Martín, ha sido enteramente correcto. Teniendo en cuenta la complejidad judicial y política, del proceso contra un ex Presidente de la República, éste es un asunto de primer orden para el desarrollo regular del juicio. El tribunal está gobernando el proceso sobre la base de una estrategia que no solo permite observar un determinado orden procesal, sino que además le facilita tener un manejo en la actuación de las pruebas.

Esto, además, ha dejado sin piso a los operadores políticos del fujimorismo siempre muy prestos para el escándalo y la denuncia sin sustento. Hoy no les queda otra que asistir tranquilos a la sede judicial de la DIROES y ser testigos de cómo se derrumba la estrategia de su líder.

En cuarto lugar, es un proceso judicial sin incidentes procesales que haya planteado la defensa del acusado. De hecho ésta es la mejor demostración del manejo correcto que el tribunal tiene del proceso.

En quinto lugar, se han superado dos importantes etapas del juicio oral y se ha avanzado significativamente una tercera. Nos referimos a que ya se ha cumplido con el interrogatorio del acusado Fujimori y con las declaraciones de quienes tienen la condición de agraviados de los hechos que son materia del proceso. De igual modo, de los casi 80 testigos aceptados por el tribunal, hasta la fecha ya han declarado 23, entre los que se encuentran testigos presentados por la fiscalía, la parte civil y la defensa.

En sexto lugar, las declaraciones del acusado dan cuenta de una estrategia de defensa que se pretende sustentar en el "no me acuerdo", "nadie me informó" o "nunca lo supe". De hecho el acusado Fujimori hoy pretende desconocer hechos y circunstancias que durante su gobierno fueron de estricto dominio público y en muchos casos constituyeron verdaderos escándalos políticos que lo comprometían de manera directa. Él, que cuando fue Presidente decía que "no era ningún caído del palto", que todo lo controlaba y que perpetró nada menos que un golpe de Estado para tener en sus manos todos los poderes, ahora como acusado dice no saber ni recordar. Casi se podría decir que era el Presidente pero no sabía nada. Más allá de que un acusado pudiera mentir en un juicio, lo cierto es que esa estrategia judicial -que Fujimori la ha ejecutado en el juicio sin compasión- aparece absolutamente equivocada y es más seguro que termine siendo contraproducente para sus intereses.

En séptimo lugar, es probable que las propias declaraciones de Fujimori lo terminen condenando. El error más grave es afirmar que no sabía, que no se acuerda o que nadie le informó sobre hechos notoriamente públicos y sobre los cuales el entonces presidente Fujimori hizo muchas declaraciones y acciones concretas. Esas declaraciones y hechos han sido presentados como pruebas al proceso y hoy ponen en evidencia no solo de que está mintiendo, sino que además, que él siempre tuvo el control de la situación.

En octavo lugar, las pruebas presentadas por la defensa de Fujimori hasta la fecha no le están siendo muy útiles. Probablemente el testimonio del General PNP (r) Carlos Domínguez, quien en 1992 era nada menos que el Director de Contrainteligencia del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), revele con mayor claridad esa debilidad de las pruebas del acusado, ya que a pesar de ser un testigo de la defensa, en su testimonio señaló que el 27 de julio de 1992 acudió al aeropuerto "Jorge Chávez" para trasladar al empresario Samuel Dyer "por orden del Presidente de la República" hacia las instalaciones del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). Fujimori ha insistido hasta el cansancio que él jamás dio órdenes. Su testigo demuestra lo contrario.

En noveno lugar, los testimonios de la fiscalía y de la parte civil han jugado hasta la fecha un papel muy importante que a la larga puede ser decisivo. Allí están los testimonios de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti en su condición de agraviados del delito de secuestro, los testimonios de César Barrera Bazán y de Jorge del Castillo Gálvez. El testimonio de este último puede ser catalogado como contundente respecto del delito de secuestro que se quiere demostrar. De igual modo, el testimonio del agente de inteligencia Marco Flores Albán ha sido particularmente relevante para demostrar que la conformación del destacamento "Colina" fue una decisión institucional del Ejército que involucra directamente no solo al entonces comandante general del Ejército Nicolás Hermosa Ríos, sino también al acusado.

En décimo lugar, ciertamente en este proceso el asunto de la autoría mediata del acusado es el aspecto más complejo y relevante por demostrar, pero ahora más que nunca está meridianamente claro que de eso existen diversas pruebas, desde testimoniales hasta documentales, que dan cuenta que el ahora acusado no solo ocupó una posición de jerarquía por el hecho de ser Presidente de la República y jefe supremo de las FFAA, sino que siempre tuvo el control y el dominio de los acontecimientos.

En décimo primer lugar, si bien en el juicio se ha logrado que se estén juzgando los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, un tema central de discusión es la estrategia contrasubversiva aplicada por las fuerzas armadas durante el régimen fujimorista y la implicancia de ésta en casos de violación a los derechos humanos.

Como podemos observar, los avances del proceso judicial son realmente notables y demuestran además que el Poder Judicial sí puede llevar adelante un proceso impecable y respetando el debido proceso.
(Carlos Rivera Paz)