El Ministerio Público es una institución clave para el Estado de Derecho: es el titular de la acción penal, esto es, el encargado de perseguir e investigar los delitos a nombre y en defensa de toda la sociedad ante el Poder Judicial. En buen romance, son los abogados que defienden (o en todo caso, deberían defender) los intereses y derechos de todos nosotros -los ciudadanos- frente a la criminalidad.

Por ello preocupa sobremanera, los cuestionamientos que en las últimas semanas se han formulado en contra de la Fiscal de la Nación Adelaida Bolívar, en torno a su actuación y actitud frente a dos casos emblemáticos de narcotráfico: el caso Fernando Zevallos y la investigación de la familia Sánchez Paredes.

En primer lugar, porque los cuestionamientos provienen de medios de comunicación independientes y que gozan de gran credibilidad, como los diarios El Comercio y Perú.21, y el semanario Caretas. Los cuestionamientos no provienen de los ya conocidos tabloides sensacionalistas (como La Razón o Expreso) acostumbrados a iniciar campañas de desprestigio sin fundamento alguno. No. Son medios de comunicación serios que cuentan con unidades y periodistas de investigación con trayectorias de independencia y veracidad: el millón de firmas falsificadas (acaban de ser condenados judicialmente algunos de los responsables), el propio caso Zevallos, entre otros.

Por ende, difícil creer que han decidido tirar por la borda el prestigio tan esforzada y valientemente ganado, y prestarse a una campaña en contra de la Fiscal de la Nación, al servicio de poderes oscuros o intereses subalternos. Eso no los hace infalibles -pueden equivocarse como toda persona- pero sí creíbles y, por ende, consideramos un error del Ministerio Público tomar estas investigaciones periodísticas como "reiterados agravios". Si la Fiscal de la Nación o la Junta de Fiscales Supremos consideran infundadas o equivocadas tales acusaciones, deberían rebatirlas con hechos.

En segundo lugar, porque el más grave delito que padece nuestro país es, qué duda cabe, el narcotráfico: corrompe instituciones y autoridades, amenaza y asesina, degrada el medio ambiente y propicia otros delitos como el secuestro, contrabando, lavado de dinero, entre otros. Por ende, los peruanos deberíamos tener plena confianza en las instituciones encargadas, precisamente, de luchar contra estos crímenes, como es el caso de la Fiscal de la Nación, por lo que este manto de sospecha que se ha echado sobre ella preocupa doblemente y con mucha mayor razón debe ser investigado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en beneficio del país y de la credibilidad de la propia Fiscal de la Nación y del Ministerio Público.

En tercer lugar, no podemos dejar de reconocer los avances que el Ministerio Público ha mostrado en los últimos años en cuanto a su autonomía. Puede criticársele muchas cosas (nosotros nos incluimos entre quienes consideran que aún falta mucho por mejorar en el Poder Judicial y el Ministerio Público), pero objetivamente creemos que ha crecido en autonomía; así lo demuestra la destacada actuación de algunos fiscales en los casos de corrupción del fujimorato, los casos de terrorismo y, más recientemente, en el megaproceso contra Alberto Fujimori. Inclusive, en el caso de la familia Sánchez Paredes, se acaba de iniciar una investigación fiscal a la que, evidentemente, habrá que estar muy atentos, sobre todo porque ha sido el propio Ministerio Público quien tomó la iniciativa -meses atrás- de crear fiscalías especializadas para investigar el crimen organizado.

¿Que hay presión política o de otra índole? Sin duda que la hay ¿Que la influencia aprista suena fuerte? No dudamos que el partido de Alfonso Ugarte pesa en predios judiciales y fiscales. A la vez, hay fiscales de todas las instancias que vienen desempeñándose cada vez más con autonomía, incluyendo a los fiscales supremos. Por ello, en el caso de la licencia de la fiscal provincial Luz Loayza, por un lado entendemos que cause malestar en algunos fiscales supremos que un sinnúmero de autoridades (¡el propio Presidente de la República!) hayan abogado por la fiscal Loayza para que permanezca en Lima pues su vida correría peligro en Iquitos; lo pueden haber tomado como una injerencia y una afectación al principio de autoridad, sobre todo en una institución tan jerárquica como el Ministerio Público.

Sin embargo, creemos que, más allá de posibles y válidas consideraciones institucionales o hasta reparos a la labor profesional de la fiscal Loayza, la Fiscal de la Nación y la Junta de Fiscales Supremos deberían poner en la balanza el hecho que hay una fiscal que aduce que su vida corre peligro. Pueden considerar tal afirmación fundada, infundada o exagerada, pero el solo hecho de que exista una posibilidad de riesgo, en especial en el actual contexto en el que acaban de asesinar a otro lugarteniente de Zevallos, aconsejan mantener a la fiscal Loayza en Lima. Si bien es cierto jueces y fiscales desempeñan su labor en medio de presiones y en ocasiones de amenazas, es deber del Ministerio Público velar por la integridad y seguridad de todos y cada uno de los fiscales del país, aunque alguno (o alguna) les resulte incómodo o respondón y, a partir de ello, exigir a la Policía Nacional que cumpla con su labor de protección no sólo en beneficio de la fiscal Loayza sino de todo fiscal bajo amenaza.

En consecuencia, la prudencia aconseja, en este caso, que la autonomía y el principio de autoridad den paso a la protección de la integridad de todos y cada uno de los fiscales. De lo contrario, de ocurrirle algo a la fiscal Loayza, no sólo estaríamos frente a un crimen terrible, sino también a un grave error del Ministerio Público.
(David Lovatón Palacios)