Esta semana la titular de la Séptima Fiscalía Superior Penal, Gladys Fernández, ha denunciado penalmente a un grupo de personas por la cruenta insurrección ocurrida en Andahuaylas, entre ellos, al supuesto autor intelectual de la sublevación, el líder de la oposición Ollanta Humala; quien no ha hecho esperar su rechazo a la denuncia hecha, a la que ha tildado, desde ya, de irregular, inconstitucional, violatoria su derecho al debido proceso (Agencia Andina, 24/01/08).

Lamentamos las declaraciones de Humala. Quien ahora arremete contra el Ministerio Público, parece querernos decir que su inocencia es un dogma que hay que creer, y no una condición que el fiscal se encargará eventualmente de desvirtuar, precisamente en la única instancia que existe para determinar si alguien es o no responsable por un delito, es decir, el proceso penal.

Tremendo error. Si la acusación hecha en el marco de un proceso, resulta ser un "atentado al derecho al debido proceso", no se entiende ya qué es debido proceso. Suena absurdo pero la lógica detrás parecería ser: el proceso penal sólo serviría para enjuiciar a quienes ya son culpables; si alguien se considera inocente, cualquier investigación, cualquier denuncia, incluso cualquier condena después de un juicio donde se siente la responsabilidad, sería pues un atentando a su derecho al debido proceso.

Esta desatinada inversión del orden de las cosas, donde el culpable lo es antes del proceso y el inocente lo sigue siendo aún después de que lo hallen culpable, no parece, sin embargo, ser sólo una problema de orden lógico. Por paradójico que parezca, estas -irrazonables- denuncias de parte del líder de la opisición son en realidad afectaciones al debido proceso, llevadas a cabo en este caso por una de las partes. Queriendo o sin querer, se está alejando la investigación y el procesamiento de lo estrictamente jurisdiccional, llevándola peligrosamente al terreno político, donde está siempre latente el riesgo de ejercer presión sobre las decisiones de los jueces. Infortunadas declaraciones del líder de la oposición, sobre todo en un contexto de débil institucionalidad, y donde aún todos recordamos (¿alguien ha olvidado la época del Fujimorato?) los efectos dañinos de las interferencias arbitrarias del poder político sobre el Poder Judicial.
(Julio Avellaneda Rojas)