Las manifestaciones, tanto de Morales Bermúdez como de Pedro Richter, niegan rotundamente que el Perú haya participando del Plan Cóndor y que hayan habido violaciones a los derechos humanos durante su gobierno. Sin embargo, Richter reconoce que ordenó la deportación de tres montoneros argentinos (Julio César Ramírez, María Inés Raverta y Noemí Gioanotti, se sospecha que también fue detenido en ese momento Federico Frías Alberca) a Bolivia, dos de los cuales figuran como desaparecidos a la fecha y una fue encontrada muerta días después de la deportación.

En efecto, Richter ha manifestado en una entrevista (El Comercio, 21/01/07) que dichas personas fueron deportadas como "extranjeros indeseables" debido a que "...Vinieron a formar una base de operaciones acá para promover un Estado revolucionario en Sudamérica...". Asimismo, ha señalado que tal hecho no fue influenciado por ningún otro país, sino que fue una decisión soberana del Estado peruano.

Sin embargo, es imposible no tomar en cuenta que en la época en que sucedieron los hechos -junio de 1979- (los militares peruanos aún detentaban el poder) no se hayan previsto las consecuencias que implicaba la deportación, con mayor razón aún sabiendo las autoridades peruanas que los detenidos eran buscados por su país debido a "subversión". Recordemos que prácticamente toda la región se encontraba involucrada de una u otra forma en las operaciones del Plan Cóndor, incluyendo a Bolivia, aun cuando este último se encontraba en un momento de sucesión de un mando militar al efímeramente civil de Walter Guevara Arce. El investigador boliviano Carlos Mesa ha manifestado que si bien la participación boliviana no tuvo el mismo nivel que la argentina o chilena, fue igualmente importante debido que el gobierno de ese país era una suerte de puente para repatriar ciudadanos a los países que los perseguían. (BBC, Todo sobre el Plan Cóndor)

Esto, sumado a que los indicios demostrarían que el Perú también tenía conocimiento y estaba en contacto con las operaciones del Plan Cóndor (ver: Malos recuerdos, buenas acciones: sobre el pedido de detención para el ex presidente Francisco Morales Bermúdez), crea absoluta convicción en nosotros, acerca de la necesidad de que estos hechos deberían ser investigados, cosa que aún no se está realizando por las autoridades peruanas ya que ninguna fiscalía ha abierto una investigación; a pesar de las fuertes acusaciones de las que son objeto los ex funcionarios en cuestión, y que los documentos investigados por el fiscal italiano Capaldo, se encuentran desclasificados y a disposición en el Archivo de Seguridad Nacional estadounidense.

Dichos documentos datan de la época en la cual la deportación de los montoneros se llevó a cabo, y contienen manifestaciones del ex embajador de EEUU en Perú (1977-1980), Harry Shlaudeman, y que inmediatamente fuera embajador de su país en Argentina, así como de su predecesor en Argentina Raúl Castro; en las cuales se muestra la cooperación del gobierno peruano, específicamente de Pedro Richter, con militares y servicio de inteligencia argentinos, para la captura y deportación de los montoneros argentinos. (El Comercio, 21/01/07)

Esperemos que la Fiscalía peruana inicie una investigación lo antes posible, ante un inminente pedido de extradición; más aún en un ambiente en el que el tema se encuentra vigente, tanto por la acusación italiana e indicios de la misma, como por las manifestaciones que ha suscitado.
(Aarón Verona Badajoz)