El 14 de enero pasado, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) dispuso que, en relación al tiempo perdido por la pasada huelga judicial, la mitad de horas perdidas se repondrían por medio de horas extras y la otra mitad serían motivo de descuentos a los trabajadores judiciales. Asimismo, señaló que el 50% del personal saldrá de vacaciones en febrero y el otro 50% en marzo (ver: Resolución Administrativa Nº 006-2008-CE-PJ).
Esta decisión generó la reacción del Sindicato Único de Trabajadores de Poder Judicial, quienes rechazaron lo resuelto por el CEPJ aduciendo que se vulneraban acuerdos consignados, en lo referido a la reposición de horas perdidas durante la huelga pasada y a las vacaciones de febrero (ver: Acta de solución). Además, se anunció que en respuesta a ello, el viernes 25 realizarían un paro preventivo por 24 horas, tomando como justificación la falta de una postura por parte de la Corte Suprema ante la medida tomada por el CEPJ.
Las críticas por parte del premier Del Castillo no se hicieron esperar, censurando la actitud tomada por los trabajadores judiciales en relación al paro que pretenden realizar, ya que, según afirma, la política laboral de los empleados públicos es la de "día no trabajado, día no pagado". Asimismo, se mostró en contra de las vacaciones que se les van a otorgar, ya que considera que lo correcto sería suspenderlas para así resarcir el retraso judicial que ha traído como consecuencia la huelga. (El Comercio, 23/01/08).
Coincidimos con las opiniones vertidas por el Primer Ministro en el sentido que, de acuerdo a ley, no se tiene por qué pagar a los trabajadores del Estado los días que no han laborado. Del mismo modo, creemos que en situaciones como ésta lo que se debe de priorizar es la eficiencia del servicio que se le otorga al usuario de la justicia, lo que no quiere decir que para ello se deben de cumplir todas las exigencias impuestas por los trabajadores judiciales con tal que cumplan adecuadamente con su labor.
Sin embargo, debemos reconocer que ambas partes (los representantes del Poder Judicial y los del Sindicato de Trabajadores) firmaron con anterioridad un acuerdo en donde los trabajadores se comprometían a poner fin a la huelga con la condición de que no se les descontaran sus sueldos, recuperando el tiempo perdido a través de horas extras de trabajo. Asimismo, en el acuerdo consta que, tanto la asignación especial de 900 soles como el bono de productividad les serían entregados a los empleados que acataron la huelga.
Se trata entonces de un impasse delicado que debería intentar resolverse de modo pacífico, y de ninguna manera a través de una nueva paralización que sólo perjudica a la ciudadanía.
(Andrea Villavicencio Morales)