Hace poco menos de un año, el 22 de marzo del 2007 (ver: Un fantasma recorre la justicia peruana: el narcotráfico), escribimos una nota -premonitoriamente- con el mismo título. Y las cosas han ido de mal en peor, pues a la fecha el balance de amenazas, chantajes y atentados del narcotráfico contra autoridades judiciales y fiscales es muy, pero muy preocupante:
• El asesinato del vocal superior que venía juzgando un caso del Cártel de Tijuana.
• El reciente asesinato del policía que brindaba seguridad al fiscal superior Mateo Castañeda. Fiscal coordinador, precisamente, de las fiscalías especializadas contra el crimen organizado.
• El reciente asesinato -a plena luz del día y por sicarios- de un sujeto acusado de narcotráfico y que habría sido irregularmente excarcelado por una jueza (lo que la OCMA viene investigando). A ello se suma el asesinato de otro sujeto el año pasado, en forma muy similar y en un conocido restaurante de franquicia.
• El pedido público del fiscal que viene investigando el caso "Fernando Zevallos" que se le brinde seguridad, pues vendría siendo objeto de amenazas.
• El reiterado y público pedido de la fiscal Luz Loayza de que no la trasladen a Iquitos -que es un puesto de origen- pues su vida correría grave peligro. Pedido que ha sido respaldado por el propio Presidente de la República y otros altos funcionarios.
• Las recientes y muy preocupantes acusaciones y sospechas -lanzadas por medios de comunicación de gran credibilidad como "El Comercio", "Perú.21" ó "Caretas"- contra la Fiscal de la Nación, que ya vienen siendo analizadas por el Consejo Nacional de la Magistratura y respecto de las cuales ya nos hemos pronunciado la semana pasada (ver: Cuestionamientos a la Fiscal de la Nación: cuando la autonomía aconseja prudencia), en el sentido que debe investigarse a fondo estas acusaciones por bien no sólo del país, sino del propio Ministerio Público y de la Fiscal de la Nación.
Estos son los hechos que se conocen. ¿Cuántos más no saldrán a la luz pública por razones diversas (temor, desidia, corrupción, etc.)? ¿Qué hacer frente a esta peligrosa situación? Un enemigo no sólo que trabaja en la sombra, muy bien organizado, sino además con mucho, pero mucho dinero para comprar conciencias en diversos ámbitos de la sociedad y del Estado y que, todo parece indicar, ha decidido hacer frente -con sus métodos, por cierto- al buen trabajo de algunos policías, jueces, fiscales y procuradores.
Bien sabemos que tanto nuestro sistema de justicia como nuestro sistema policial, aún adolecen de infinidad de deficiencias, y algunas de larga data. En el caso de jueces y fiscales, es verdad que muchos aún adolecen de excesivo formalismo, exasperante lentitud y, aún lamentablemente, de acusaciones o sospechas de corrupción (¡por ello es que la OCMA tiene tanto trabajo!). Del lado de la Policía Nacional, tampoco vemos un crisol de virtudes: aún hay una extendida corrupción y una clamorosa falta de preparación. ¿Qué hacer entonces para enfrentar un delito tan complejo y poderoso como el narcotráfico?
Creemos que la propuesta ya está sobre la mesa: llegó la hora que el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y Procuradores, se sienten alrededor de una mesa y acuerden la creación de un sub-sistema de lucha contra el crimen organizado que, en un inicio, podría estar concentrado en Lima. Al respecto, ha trascendido que hace ya varios meses el Presidente de la Sala Penal Nacional, vocal superior Pablo Talavera, planteó al Presidente del Poder Judicial hacerse cargo de los casos de crimen organizado. A la fecha, el Poder Judicial no ha resuelto este planteamiento.
Ya el Ministerio Público ha creado fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada. Por su parte, la Policía Nacional ya ha creado un equipo especial de lucha contra los cárteles de la droga. Ahora lo que falta es unir esas piezas, poner las que faltan y crear un sub-sistema especializado. Nos adelantamos a las críticas que ya hemos escuchado a este planteamiento: que se quitan los casos a las Cortes Superiores del interior del país, que se siguen creando sub-sistemas especializados descuidando la totalidad del sistema de justicia, etc.
Somos conscientes de la razonabilidad de éstas y otras críticas, pero seamos absolutamente pragmáticos: da la sensación que el narcotráfico viene avanzando mucho más rápido que nuestros jueces, fiscales y policías y, frente a ello, el sistema de justicia está en el deber de dar una respuesta eficaz, esto es, de adecuarse a esta situación realmente grave. Así, las ventajas de un sub-sistema jurisdiccional contra el crimen organizado -responsabilidad que bien podría recaer en la Sala Penal Nacional, que está implementada y bien organizada- son varias:
• Permitiría concentrar y hacer más eficientes los esfuerzos de protección policial a jueces, fiscales y procuradores.
• Permitiría concentrar recursos en unos cuantos órganos jurisdiccionales, fiscales y policiales y no dispersarlos en todo el territorio nacional.
• Permitiría a la sociedad civil y a los medios de comunicación focalizar la fiscalización ciudadana sobre un cuerpo especializado de jueces, fiscales, procuradores y policías.
• Permitiría la especialización y profesionalización de jueces, fiscales, procuradores y policías en la investigación y sanción del narcotráfico, que tiene tantos tentáculos: lavado de dinero, contrabando de insumos químicos, entre otros.
Por ende, nuestra posición es que llegó la hora de que el Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia acuerden la conformación y den todo su respaldo a un sub-sistema contra el crimen organizado, teniendo como base el planteamiento que hace ya varios meses hizo el Presidente de la Sala Penal Nacional al Poder Judicial: que dicha Sala se haga cargo de tamaña responsabilidad. Por ende, la pelota está en la cancha del Poder Judicial. Esperemos que se tomen las decisiones de fondo a tiempo, antes de que sea demasiado tarde.
(David Lovatón Palacios)