La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) dispuso la abstención en el cargo de magistrado al presidente de la Primera Sala Civil de Arequipa, Elmer Rubina Angulo, al descubrir que tenía una sentencia impuesta en 1998 por corrupción de funcionarios, lo que le impide ejercer cargo público.
Rubina, quien aún seguiría litigando como abogado a través de un tercero, había sido sentenciado en 1998 por delito doloso en agravio de la Municipalidad de Arequipa, en la cual se desempeñó durante 1994 y 1995 como director municipal y gerente del servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa. Asimismo, durante la época del golpe de Estado de abril de 1992, se encontraba separado del Poder Judicial, siendo reincorporado en el 2002, fecha en la que no informó de la sentencia que recibió y que recientemente ha descubierto la OCMA. (La República, 30/01/08).
La OCMA agrega que "actuó con notoria conducta irregular que compromete la dignidad del cargo y atenta gravemente contra la respetabilidad del Poder Judicial al faltar a la veracidad". (La República, 30/01/08).
En estos momentos el magistrado en cuestión, quien actualmente es presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, se encuentra alejado de la magistratura hasta que la OCMA concluya la investigación. Tal medida es acertada, ya que como lo señala el artículo 210 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por tratarse de una sentencia por delito doloso, lo que corresponde es la suspensión del magistrado o funcionario.
Esperamos que este proceso se resuelva lo antes posible y se apliquen las sanciones adecuadas, ya que detrás de ello lo que se busca proteger es la credibilidad del propio Poder Judicial y la efectividad del servicio que se les otorga a los usuarios de la justicia.
(Andrea Villavicencio Morales)