El pasado cuatro de febrero más de diez millones de personas en 130 ciudades marcharon contra las FARC; "no más FARC", "no más secuestros", "no más terrorismo", eran algunos de los reclamos escritos en las pancartas. Hasta un grupo de 600 guerrilleros, desde las cárceles, se unieron a la marcha: "Los guerrilleros detenidos de las FARC exigimos: la libertad incondicional para todos los secuestrados".
La marcha es, en sí misma, muy importante, al menos, por dos aspectos: es un signo de fortalecimiento de la sociedad civil colombiana y es una señal del aislamiento político de las FARC y de sus prácticas de barbarie.
La marcha fue pensada, impulsada, convocada y organizada por la sociedad civil colombiana. Que una marcha de tal magnitud, sin precedentes en su historia, ocurra en un país con una sociedad civil débil y desorganizada, que históricamente no se ha movilizado ni reaccionado ante los horrores del conflicto armado, es, sin duda, un hecho político saludable y un alentador signo de fortalecimiento de un aspecto esencial de la democracia: una sociedad civil vigorosa y fuerte que, más allá de los momentos electorales, participe cotidianamente y con independencia en los asuntos de interés nacional.
La marcha es también un signo evidente de que la sociedad colombiana y mundial del siglo XXI rechazan a las FARC y las prácticas de terror que han empleado (secuestros, tortura, tratos crueles y degradantes). La indignación contra las FARC se había ahondado, aún más, con la publicación de las pruebas de supervivencia de algunos secuestrados, pero la protesta mundial en su contra sella su aislamiento político; quedan en un lugar de falta de apoyo ciudadano, sin comunicación con un mundo que exige un lenguaje diferente a la barbarie para lograr sociedades mas justas y menos desiguales. En el siglo XXI las "batallas" por la inclusión social y por la protección de los derechos de los más débiles y desposeídos se dan en las sedes de los gobiernos nacionales y locales, en los parlamentos, en los tribunales, y sin armas diferentes a la razón y a la propuesta.
¿Sabrán las FARC entender este mensaje? Lo dudamos. Creo que es poco probable que la marcha tenga alguna incidencia en el cambio de comportamiento de una guerrilla que lleva 50 años violando sistemáticamente las leyes de la guerra y que no ha dado signos de que va a dejar de hacerlo.
Luego de la marcha, la libertad de los secuestrados ya no está únicamente en la agenda de sus familiares; también es prioritaria para la misma sociedad que por años había permanecido inmóvil y ahora hace un enfático llamado en favor de la libertad; y debería serlo también para el gobierno, que hasta poco antes de la liberación de Clara Rojas y Consuelo González había dejado la libertad de los secuestrados en un lugar secundario de su agenda. Si bien la responsabilidad principal en la libertad de los secuestrados la tienen las FARC -quienes deberían liberarlos sin condiciones-, el gobierno colombiano debería recoger el mandato ciudadano expresado en la marcha y poner la libertad de los secuestrados en el primerísimo lugar de su agenda, más allá de cálculos políticos.
En Colombia la marcha suscitó varias alternativas: marchar, no marchar o marchar con aclaraciones. Ello, debido, en parte, a válidas consideraciones sobre la desigualdad en la reacción ciudadana frente a las también repudiables prácticas de horror de los paramilitares y de algunos agentes del Estado. Si bien es indispensable superar este desequilibrio y rechazar con igual firmeza todas las atrocidades, consideramos válido que la marcha contra las FARC se haya convocado únicamente para eso, para rechazar a las FARC. Coincidimos con Mauricio García Villegas en que "[el] hecho de que la opinión pública sea parcial en su condena, no significa que esté equivocada en lo que condena"[1]. En ese sentido, la marcha contra las FARC y el secuestro no era el mejor espacio para protestar contra los otros grupos que practican el terror en Colombia. Esas protestas y rechazos no hay que olvidarlos y quedan, por supuesto, pendientes. La barbarie paramilitar merece también un espacio para ser repudiada.
Quienes nos indignamos por igual ante todos las formas de barbarie -las condiciones en que las FARC mantienen a los secuestrados y los relatos de paramilitares que admiten haber mandado matar a miles de personas- y nos duelen por igual los 700 secuestrados y las 120 mil víctimas de los paramilitares, tenemos el desafío pendiente de lograr "igualar" la reacción frente a las diferentes formas del terror. Buena parte de la sociedad colombiana se indigna menos o poco ante la crueldad de los paramilitares y del Estado. Tomar nota de esta cruda realidad y pensar seriamente en cómo superarla tal vez sea una forma de empezar a caminar hacia la condena masiva del terror a secas, de las atrocidades sin adjetivos ni comparaciones, del terror y punto, sin distinguir si este proviene de las guerrillas, de los paramilitares o del Estado.
(María Clara Galvis)[2]
[1] Mauricio García Villegas, La protesta de ayer: marchar sin advertencias, El Tiempo, 5 de febrero de 2008.
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mauriciogarcavillegas/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3945461.html
[2] Abogada, especialista en derecho internacional y constitucional, que viene asesorando al equipo profesional del Consorcio Justicia Viva.