Investigaciones a jueces y fiscales, enfrentamientos, peticiones para declarar ante la Comisión de Justicia del Congreso, posibles desacatos, entre otros; y más recientemente recursos constitucionales y cuestionadas resoluciones de los mismos. No resultan una sorpresa las declaraciones de la fiscal suprema Gladys Echaíz Ramos y del presidente del Congreso Luis Gonzales Posada, expresando la necesidad de encontrar una solución pronta a este caso, y evitar su mediatización excesiva y perjuicios institucionales.
En efecto, a cada paso que da se extiende cada vez más este caso, involucrando a nuevas instituciones y sugiriendo más suspicacias sobre el mismo. La Oficina de Control de la Magitratura abrió este miércoles un proceso disciplinario contra la titular del 27º Juzgado Penal de Lima, María Teresa Jara García, por presuntas irregularidades al momento de rechazar el hábeas corpus presentado por la fiscal Luz Loayza Suárez, contra las resoluciones de la Junta de Fiscales Supremos que ordena su retorno a Maynas. Esto debido a que al parecer en el 2004 la jueza Jara García "quebró" un juicio oral contra Fernando Zevallos, y posteriormente en el 2005 votó a favor de un hábeas corpus presentado por el mismo contra la fiscal de Maynas y agentes de la DIRANDRO (El Comercio, 13/02/08 y 14/02/08).
Pareciera que este caso aún tardará mucho en tener una solución final, sin embargo los presagios nunca han sido buenos para la fiscal Loayza. El fiscal decano de Loreto, Luis Muñoz Rodríguez, ha anunciado que ella debe regresar a Iquitos a más tardar el 26 de este mes, de lo contrario incurriría en abandono de puesto, y eventualmente esto generaría su destitución. Asimismo, tanto él como el presidente regional de Loreto aseguraron que existe suficiente seguridad como para garantizar la vida de la fiscal (La Primera, 08/02/08).
De igual manera, y aunque la jueza que la emitió se encuentre bajo investigación, ya hay una resolución que rechaza el hábeas corpus presentado por Loayza; la Comisión de Justicia del Congreso y el Ejecutivo abogan por el respeto a las resoluciones del Ministerio Público; todo indica que la orden para regresar a Maynas se mantendrá tal cual. Esto sumado a las declaraciones de Ricardo Soberón Garrido del Transnational Institute de Holanda, sobre la intervención de la DEA en este caso en específico, y en el Ministerio Público en General; no dejan bien parada la posición de la fiscal Loayza (La Primera, 12/02/08, 10/02/08 y 09/02/08).
En contraste a lo mencionado previamente, no podemos olvidar que la resolución que rechaza el hábeas corpus es apelable hasta el Tribunal Constitucional y que aún quedan las instancias internacionales, las cuales -de mantener este caso la misma línea- podrían ser recurridas. Sólo para hacer énfasis a lo anterior, el Colegio de Abogados de Lima ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición de medidas cautelares (El Comercio, 13/02/08) y Loayza podría pedir una ampliación de su licencia sin goce de haber (Perú.21, 13/02/08).
Particularmente, y a manera de reflexión, es difícil no coincidir con Echaíz y Gonzáles Posada respecto a la prontitud para el arreglo definitivo de este asunto. Finalmente, es obligación de la fiscalía atender con la mayor eficiencia y compromiso toda denuncia penal, asignando a cada responsable; así como es obligación del Ejecutivo garantizar la seguridad plena de nuestros magistrados mediante mecanismos efectivos que les den esa confianza.
(Aarón Verona Badajoz)