Una buena noticia recorre los pasillos del Poder Judicial (PJ). Este último miércoles 13 de febrero el presidente de esta institución, Francisco Távara, señaló que el "Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) viene evaluando la posibilidad de ampliar las competencias de la Sala Penal Nacional para que esta pueda avocarse a asuntos referidos a la criminalidad organizada y a la lucha contra el narcotráfico" (ver: Nota de prensa).
Sin duda, la adopción de esta medida sería un cualitativo avance en la lucha contra la delincuencia a gran escala y el narcotráfico dentro del aparato judicial, dado que -por ejemplo- las dilaciones judiciales y la falta de seguridad para los magistrados ocasionan que el desempeño actual de esta institución sea uno de los principales problemas que afronta el Estado en el combate contra este flagelo; pues, de qué sirve que se capturen a integrantes de peligrosas bandas si, tiempo después, éstos saldrán libres por diversos motivos: exceso de carcelaria, falta de pruebas debido a la complejidad en la probanza, o incluso a consecuencia de amenazas contra los actores judiciales.
Respecto a este punto, Justicia Viva se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre lo adecuado de esta modificación y la necesidad de su pronta implementación (ver: Un fantasma recorre la justicia peruana: el narcotráfico (Capítulo II). Y es que, el ampliar las potestades de la Sala Penal Nacional es una medida expuesta por las autoridades judiciales hace año y medio, cuando el 25 de septiembre del 2006 un comunicado del PJ establecía 43 "medidas destinadas a reestructurar la administración de justicia, agilizar trámites jurisdiccionales, y por consiguiente, impulsar la lucha contra la corrupción". Dentro de este conjunto de propuestas una de las más importantes era esta ampliación de potestades (ver punto 32 del Comunicado).
Si bien esta disposición debió ser dictada con anterioridad para que el trabajo de estas nuevas instancias camine a la par de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada creadas a nivel del Ministerio Público, no deja de ser un buen anuncio. Esperamos que se implemente lo antes posible y no se deje pasar ni un día más; de lo contrario esta falsa expectativa podría mermar, aún más, la legitimidad y confianza de la ciudadanía hacia el Poder Judicial y sus autoridades.
(Lilia Ramírez Varela)