¿Qué ha hecho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la consolidación institucional y democrática de los países de América Latina?, ¿cuáles son sus principales logros y debilidades?, ¿cuál es su futuro? Estas preguntas, que muchas veces obtienen respuesta con frases subjetivas cargadas de entusiasta emoción o de rencor exasperante dependiendo del lado o la posición con que se mire -ciertamente, un defensor de los derechos fundamentales opinará de una forma, mientras que un representante del conservadurismo jurídico y del principio de soberanía estatal, tal vez, pensará distinto- pueden ser contestadas, ahora sí, con cierto grado de detalle y objetividad debido a una interesante publicación realizada por dos instituciones: la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, siglas en inglés) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México.
El libro: Víctimas sin mordazas. El impacto del sistema interamericano en la justicia transicional en Latinoamérica: los casos de Argentina, Guatemala, El Salvador y Perú, realiza un importante aporte para medir la labor que el sistema interamericano (por medio de la jurisprudencia de la Corte, como las decisiones y el trabajo de la Comisión) ha desarrollado en los países que han pasado por graves situaciones de violencia. Para ello, analiza la influencia de estas instancias dentro del contexto de cuatro países (Argentina, Guatemala, El Salvador y Perú), escogidos debido al diverso avance que cada uno de éstos ha tenido a nivel del sistema interamericano.
Así, en el capítulo tres del texto, el especialista Leonardo Felippini, describe el sostenido desarrollo en materia de derechos humanos en Argentina luego del retorno a la democracia en el año de 1983; mejora que tiene como principal referente lo establecido por la Corte y Comisión interamericanas. Mientras que en una situación antagónica se muestra a El Salvador, un país que históricamente ha sido poco influenciado por estas instancias internacionales pese al conjunto de decisiones que ésta ha emitido en torno a su situación durante y después de la época de violencia. El escenario salvadoreño es tan crítico que el autor, Benjamín Cuellar, denuncia una situación de total impunidad en este país.
Por otro lado, en el caso de Nicaragua y Perú las situaciones descritas son de avances y retrocesos, en los que la participación de la sociedad civil ha tenido un rol protagónico para el uso y difusión del sistema interamericano, y en las cuales la coyuntura política es un protagonista importante para el cumplimiento de las mismas.
Al respecto, la publicación resalta el importante rol que ha cumplido este sistema regional en la defensa de los derechos humanos para el inicio y progreso de la democracia en estos países. Debido a esto es que se le da un reconocimiento especial por defender y garantizar a las personas en sus derechos básicos contra sus propios Estados.
En líneas generales, el presente estudio no ahonda excesivamente en consideraciones técnicas o jurídicas, pues este trabajo se ha realizado bajo diversos enfoques: "histórico, político, sociológico y, naturalmente, jurídico. Así, en la obra resultante se entretejen pasajes oscuros y discordantes con partes auspiciosas y armónicas. En su conjunto, esta obra describe una compleja interacción entre actores clave: la Comisión, la Corte, las víctimas de violaciones de los derechos humanos, los órganos políticos de la OEA y los estados latinoamericanos" (ver: Introducción del libro, p. 12).
Por ello es que el presente texto resulta de lectura obligatoria para aquellos que quieren conocer, mediante casos específicos, las bondades y problemas que ha tenido el sistema interamericano en la defensa de los derechos humanos.
(Lilia Ramírez Varela)