| El pasado 5 de febrero durante su intervención ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, la Ministra de Justicia presentó el documento "Políticas del sector 2008", en el cual se han formulado las estrategias que su Despacho llevará a cabo durante el presente año. De este modo, se aprecian siete ejes temáticos que marcarán los lineamientos de su gestión y las prioridades otorgadas. Estos temas son: acceso a la justicia; consolidación de la reforma de la justicia penal; impulso de la modernización del sistema penitenciario; programa de indultos, derecho de gracia y conmutación de penas; traslado de condenados extranjeros a su país; promoción y fortalecimiento de la defensa de los intereses del Estado; aseguramiento de la plena vigencia de los derechos humanos; y, contribución a la implementación legislativa del Tratado de Libre Comercio.
Por razones de espacio sólo nos avocaremos a la primera de estas estrategias, referida al acceso a la justicia y que por cierto es la más desarrollada. En este sentido, se señala como objetivo la optimización e impulso del sistema de justicia en el país, propiciando su mayor acceso y, a continuación, se establecen los pasos que el Ministerio de Justicia desplegará para que así sea.
Un primer comentario que nos merece este objetivo es nuestro total acuerdo con el mismo. Después de todo, está de por medio un derecho fundamental y corresponde al Estado fijar la estrategia para satisfacer el mismo. Sin embargo, en los tiempos actuales esperaríamos una delimitación más amplia de este derecho de acceso, de manera que cuando se aluda al sistema de justicia, se comprenda no sólo lo judicial sino otra clase de mecanismos como la justicia comunal y los medios alternativos de resolución de conflictos.
De alguna manera el Ministerio de Justicia se aproxima a este enfoque, lo cual va a tono con nuevas corrientes, ya que se propone reexaminar las ventajas y oportunidad de la conciliación extrajudicial, así como crear el arbitraje popular. Sin embargo, llama la atención que se omita mencionar el papel de la justicia comunal, la que se imparte en las comunidades y rondas campesinas que desempeñan un importante papel en el ámbito rural y que son para las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, una de las vías más importantes -sino la única- para satisfacer su acceso a la justicia.
Otro aspecto que nos merece comentario tiene que ver con la ausencia de planes para establecer las necesidades jurídicas de la población, los cuales si existieran permitirían identificar los conflictos jurídicos más importantes por zonas geográficas y cómo puede ser priorizado su tratamiento desde el Estado. Después de todo, la formulación seria de una política pública en justicia debiera pasar, ineludiblemente, por tener definido un estado de la situación, de manera que sobre esa línea de base se propongan acciones y metas que puedan, posteriormente, ser evaluadas para determinar si se cumplieron o no.
Esta ausencia puede explicar por qué se proponen medidas aparentemente adecuadas pero que, al ser aisladas y no responder a un norte programático, terminan por fracasar o funcionar mediocremente. Un ejemplo de ello es la propuesta de crear el arbitraje popular. Nos preguntamos en qué se sustenta la idea de difundir este mecanismo en sectores populares, por qué no se priorizan las alternativas ahora existentes, es decir, por qué no se corrige el funcionamiento de la conciliación extrajudicial, o se fortalece la justicia comunal. ¿Por qué vestir a un santo desvistiendo a otro?
Si se ha identificado como problema la excesiva carga procesal y por lo tanto se quiere crear soluciones alternas, nos preguntamos si se está coordinando en ese esfuerzo con el Poder Judicial que a su vez viene adoptando medidas para intentar atenuarla. Asimismo, cabe interrogarse si se ha evaluado el funcionamiento de la conciliación extrajudicial, las razones por las que no viene funcionado como se desea y cómo esto podría afectar la propuesta de masificar el arbitraje, o cómo se afrontarían los costos que esta figura tiene -¿será el Estado quien los asuma?-.
Por ello estamos convencidos que antes de crear o impulsar nuevas figuras, corresponde al Ministerio de Justicia brindar una explicación al país sobre los mecanismos que han estado bajo su regulación, como la conciliación extrajudicial, señalando qué ha ocurrido con el mismo y por qué no ha dado resultados. Recién después de esto podrían evaluarse otros caminos.
Por otro lado, sorprende el poco interés en fortalecer la Defensa de Oficio, aquella que no está en las zonas donde camina la reforma procesal penal, a la cual sí se le está apoyando. Un aspecto poco atendido es la falta de estos abogados para las víctimas que no pueden asumir el costo de su defensa, siendo más grave esta situación en los casos de violencia familiar donde se evidencia el absurdo que el inculpado tiene abogado defensor de oficio y la víctima no.
De otro lado, creemos que debió incluirse el problema de la falta de educación ciudadana en cuanto al conocimiento de sus derechos. Proyectos como los que ha venido desarrollando la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia para formar educadores legales debieran evaluarse y masificarse. Es una lástima que no se haya considerado esta acción para el 2008.
En conclusión, consideramos que en el caso de las estrategias para promover un mayor acceso a la justicia, debieran incorporarse algunos temas que han sido dejados de lado así como reformular otros, de manera que se atiendan realmente las necesidades existentes de la población que así lo requiera.
(Javier La Rosa Calle) |