| Una medida más que esperada. Finalmente, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha tomado la decisión de ampliar la competencia de la Sala Penal Especial para que conozca los delitos de narcotráfico (Andina, 21/02/08), dando un paso acertado hacia la conformación de lo que sería un subsistema especializado para la judicialización del delito que no sólo afecta estructuralmente el desarrollo del país y la lucha contra la corrupción, sino que además; en los últimos meses ha estado vulnerando gravemente la seguridad e incluso la vida de los operadores del sistema de justicia y testigos de los casos. La decisión, anunciada en medio de la inauguración del "Encuentro con Presidentes y Administradores de Cortes Superiores 2008", se vuelve así en una de las principales medidas a nivel de la administración judicial en la lucha contra el narcotráfico.
No obstante la importancia del anuncio, es necesario aclarar el conjunto de delitos que se ha puesto bajo la competencia de la Sala Penal Nacional. Además de los de narcotráfico, están los de la criminalidad organizada y los ilícitos derivados de los actos de violencia (nota del Poder Judicial, 21/02/08). Desde un inicio, la evaluación de la ampliación de la competencia de dicha Sala se centró en los delitos de narcotráfico, criminalidad organizada, y lavado de activos (éste, en la medida que se entiende como un "brazo" del narcotráfico) (ver: Ideeleradio, 13/02/08); una evaluación de parte del Poder Judicial y otros actores de la sociedad civil (ver: Un fantasma recorre la justicia peruana: El narcrotráfico (Capítulo II)) que no fue gratuita y que, por el contrario, respondía a la observación (de no corto tiempo) de que por la dificultad e impacto social de una pronta y adecuada sanción al narcotráfico -por ejemplo-, ameritaba ser tratado de manera especializada.
Debido a lo anterior, es que resulta cuestionable que las facultades de la Sala Penal Nacional también se hayan ampliado a los "actos de violencia", parte de la decisión que resulta sorpresiva. ¿Se han tenido criterios objetivos para sustentar la necesidad -como en el caso del narcotráfico y la criminalidad organizada- de esta parte de la medida? ¿Es seguro que dicha competencia atribuida no afectará lo buscado para el procesamiento adecuado de los delitos de narcotráfico? Además de analizar la conveniencia técnica y objetiva de dicha decisión, habría que precisar a qué se refiere el PJ con los "actos de violencia".
No obstante lo anterior, la decisión en cuanto al narcotráfico (y la criminalidad organizada) es, como ya se señaló, más que acertada y comienza a configurar un subsistema especializado para combatir a nivel jurisdiccional el narcotráfico(ver: Poder Judicial ampliaría competencia de Sala para luchar contra el crimen organizado). Pero claro, son necesarias otras medidas para fortalecer este paso y para que este subsistema no pase por las dificultades que otros tuvieron (como el anticorrupción, por ejemplo), en pro de una efectiva actuación y la legitimidad de sus fallos. Próximamente, se espera entonces que las instituciones como el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público y el propio Poder Judicial coordinen su actuación, dispongan el presupuesto necesario, fiscalicen el adecuado avance de estos procesos, publiciten las resoluciones y procuren un mejor sistema especializado de protección para los jueces, fiscales, abogados, policías, peritos y testigos.
(Cruz Silva Del Carpio) |