Nueva cara tiene la justicia en esta parte del país. Con la juramentación de 67 nuevos jueces y fiscales, culmina un proceso de selección de magistrados de particular importancia en la macro región Amazónica. Hablamos de erradicar la precariedad (provisionalidad y suplencia) en una zona que mostraba cifras descorazonadoras: casi el 70% de los magistrados no ocupaban un puesto como titular. Estos datos -que parecen extraídos de un cálculo hecho en pleno auge del gobierno Fujimorista, cuando se hablaba del gran problema que representaba la "provisionalidad" en la magistratura-, hasta hace poco y por increíble que parezca, eran los que exhibían cinco distritos judiciales. En muchos sentidos, hoy el Consejo Nacional de la Magistratura cumple con democratizar y hacer más independiente la administración de justicia en esta región.

Veamos algunos datos que permitan analizar el antes y el después de este importante proceso. En términos numéricos -según datos de noviembre del 2007-, de las 306 plazas de magistrados que existen en la selva, antes del proceso de selección sólo 99 de ellas eran ocupadas por jueces y fiscales que ejercían como titulares, es decir el 32%; mientras que el resto, 207 magistrados, laboraban en calidad de precarios. Ahora, después del proceso, existen 191 plazas cubiertas efectivamente por magistrados titulares, lo que representa el 62%, y que origina que la cifra de precariedad se haya reducido al 38%.

Desagregando estos datos, observamos que la precariedad del Poder Judicial (PJ) se ha reducido en una proporción ligeramente mayor a la del Ministerio Público (MP). Así, la correspondiente al PJ llegaba al 66%, mientras que después del proceso de selección ha descendido al 35%; es decir se produjo un descenso porcentual equivalente al 31%. Por su lado, en el MP la precariedad previa era del 69%, en tanto que después de la selección de los 40 nuevos fiscales, la precariedad ha caído al 41%; es decir la precariedad ha descendido en 28 puntos.

En relación con los distritos judiciales, se aprecia de los resultados del concurso, que los niveles de reducción de la precariedad han estado más o menos parejos, todos alrededor del 25% al 30%; como lo podemos ver en el siguiente cuadro:

En total salieron a concurso un total de 156 plazas. Se presentaron 675 postulantes, lo cual reafirma la gran convocatoria que suelen tener los procesos de selección de magistrados. El procedimiento dio como resultado final 92 jueces y fiscales nuevos. Combinando estas cifras se aprecia los porcentajes de plazas copadas y el porcentaje de postulantes que fueron nombrados, como sigue:

Es digno resaltar varios aspectos de este concurso. En primer lugar, la responsabilidad y transparencia con que se ha realizado: en todo momento datos sobre plazos, requisitos de los postulantes, sedes, entre otros, han estado disponibles para los concursantes, por diversos medios. Por otro lado, en atención al carácter descentralizado del concurso, se ha procurado que las etapas del mismo se realicen en los lugares donde se tenía previsto cubrir las plazas. También merece subrayarse la apertura para el control ciudadano, siendo una muestra de ello que las hojas de vida de los postulantes han estado disponibles en la página web del Consejo Nacional de la Magistratura.

Por el lado de las críticas, insistimos en la falta de idoneidad de la que continúa padeciendo el examen escrito. Esta etapa sigue consistiendo, en su mayor parte, en la mera formulación de preguntas predominantemente teóricas.

Con todo, el balance es sumamente positivo. En ese marco, es muy resaltante que el CNM haya tenido la buena decisión de focalizar sus labores de designación en la selva: es ahí donde la precariedad alcanzaba su mayor expresión. Como ya hemos tenido oportunidad de mencionar, sólo un adecuado diagnóstico permite atacar el mal, allí donde es más agudo.

Es meritorio que continúe la labor de designación ahora en la sierra central (ver: convocatoria). Como mencionamos al comenzar esta nota, poblar a la magistratura con jueces y fiscales titulares es, además de un mecanismo de garantía de la independencia, un signo inequívoco de democracia, de fortalecimiento del poder de administrar justicia. Merecen recordarse las palabras del doctor Carlos Montoya Anguerry en el acto de entrega de títulos a los primeros magistrados nombrados por el CNM, en el año 1996: "Señores magistrados nombrados no son ustedes deudores de nada ni de nadie. Su nombramiento obedece a la objetividad del concurso. Se les invita a ejercer con independencia y autonomía".
(Julio Avellaneda Rojas)