El padre de Gabriel, personaje central en Los ríos profundos de José María Argüedas, ante el pedido de que su hijo vaya a la universidad responde categóricamente: ¡Sólo que nunca, que jamás serás abogado! Para los grandes males basta conmigo. Gabriel García Márquez, en Cien años de Soledad, se refería a los abogados como los alquimistas del derecho, que hacían aparecer documentos y escritos en donde nada había. Señala Luis Pásara (Jueces Justicia y Poder, 1982), que la pintura de los abogados y tinterillos en la literatura tiene rasgos esencialmente comunes: varones habladores, mentirosos, tramposos, arribistas, y pícaros; apreciación que sin duda reflejaba el sentir de la población de esa época.

Esta visión descrita a inicios de los ochentas, a la fecha no se ha modificado. La percepción de los abogados, y ahora abogadas, en nuestro país sigue siendo negativa. Se nos ve como profesionales de poca confianza, a los que no queda más remedio que recurrir cuando uno tiene problemas, y que en muchos casos incentivan la corrupción en el Poder Judicial[1]. Para un grupo de la población, todavía somos capaces de hacer cualquier cosa con tal de ganar un proceso u obtener algún beneficio, incluso si va en contra de los intereses del cliente. Tal situación ha sido confirmada categóricamente por dos estudios empíricos y una encuesta, realizadas consecutivamente en los años 2004, 2005, 2007[2]; sin embargo, estos importantes datos, hasta la fecha, no encuentran reflejo en las políticas de reforma del sistema de justicia, aunque la olvidada CERIAJUS tocaba el asunto.

Lamentablemente el grueso de la población, la más precaria, tanto en lo económico como en lo educativo, es la que sale perjudicada, pues, para variar, ésta sólo tiene acceso a abogados/as de muy pobre nivel jurídico, e incluso está sujeta al juego de los famosos tinterillos, abogados/as de secano o indoctos, que fungen tener título profesional y estafan a personas necesitadas de asesoría jurídica.

Hace poco, El Comercio (30/06/08) señalaba que existen personas que incluso toman datos de abogados muertos, para hacer más verídica su usurpada profesión. Naturalmente, el tinterillaje es un problema que importa de lleno a los colegios de abogados así como a todo sistema judicial y en general al Estado, pues toda la administración pública usa edictos, dictámenes, resoluciones y leyes para comunicarse con la población, y en tanto esto se necesitará de un abogado/a, dependiendo del problema, para paliar el asunto.

Sin embargo, la pregunta es: ¿por qué cualquier lego, o persona sin los requisitos necesarios puede hacerse pasar por un profesional del derecho? Sin duda, lo primero es por la falta de controles de parte de los colegios de abogados, los órganos de administración de justicia, y en última instancia del cliente. Lo segundo (y a pesar que existe una norma que penaliza este tipo de desempeño), es la falta de una adecuada política preventiva. El informe del citado diario establece que el Colegio de Abogados de Lima sólo ha visto 266 de estos casos en 15 años. Es obvio que el tema es de mucha más gravedad y no sólo el de estas pocas causas.

A su vez, a nuestro entender, un tema trascendental es nuestra cultura jurídica como factor del problema. Tener una educación legal mayoritariamente formalista, apegada a clichés, donde prima la memorización de las leyes, en vez de buscar de un entendimiento de las instituciones y su contraste con la realidad y el caso en concreto; hace que el oficio del tinterillo sea mucho más fácil, pues sin haber terminado adecuadamente la carrera, puede burlarse del cliente utilizando un lenguaje críptico, abogadil y leguleyo; tal como lo usan gran parte de jueces y actores judiciales. Y es que el lenguaje legal, utilizado por la administración pública y empeorado por los abogados/as, resulta incomprensible para un ciudadano común.

Este factor de desigualdad y de exclusión, basado en el lenguaje y las formas jurídicas, es acrecentado por una educación jurídica pobre y ortodoxa, ya criticada en el estudio del profesor Luis Pásara, quien denuncia la existencia de una gran sector de abogados/as que no se alejan de la realidad del tinterillaje en lo sustancial; y exige una reforma sustancial de la enseñanza del derecho en el país, así como el control de algunas universidades, que dicen ofrecer esta carrera.

Así pues, si bien una importante parte del desprestigio de la profesión del abogado se ve incrementado por la existencia de los llamados tinterillos, ciertamente el problema es más amplio. Comienza en casa, en los lugares de formación. Por ello es importante que las instituciones busquen la eliminación del tinterillaje en todas sus formas.
(Lilia Ramírez Varela)

[1] Cfr., DE BELAUNDE, Javier, en Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, La justicia, los abogados y la gente, noviembre del 2007, p. 6.
[2] PÁSARA, Luis, La enseñanza del derecho en el Perú: su impacto sobre la administración de justicia, Lima, Minjus, 2004; Pásara, Luis, Los abogados de Lima en la administración de justicia: una aproximación preliminar, Lima, Justicia Viva, 2005; e Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, La justicia, los abogados y la gente, noviembre del 2007.