Esta semana está terminando el testimonio de Nicolás Hermoza Ríos, el último de los testigos que fue parte del núcleo de poder más cercano y funcional al ex presidente de la República, Alberto Fujimori. Como jefe militar, Hermoza fue parte fundamental del ejercicio del poder durante la década de los noventa, ya que gracias a él se instrumentalizó al aparato militar, especialmente al Ejército, para los fines del régimen.

En la anterior entrega destacábamos que con sus declaraciones Hermoza había puesto en evidencia su clara intención (realmente de su abogado, o sea Nakasaki) de pretender desvincular a Fujimori de los hechos criminales y de la persona de Vladimiro Montesinos. Esta semana, ha agregado un elemento recurrente en las declaraciones de los altos jefes militares del Ejército de esa época: el aparente desconocimiento absoluto de las graves violaciones a los derechos humanos.

Si bien Hermoza estuvo muy interesado en dar cuenta que desde el inicio de su gestión se organizó lo que denominó "un sistema de derechos humanos a nivel del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas", lo cierto es que ante los casos concretos de violaciones a los derechos humanos presentados por la parte civil simplemente volvió a decir lo mismo que han dicho los altos oficiales: "no tuve conocimiento". Curiosamente, ninguno de los casos que comprenden fundamentalmente ejecuciones extrajudiciales y desaparición de personas perpetrados entre 1991 y 1992 por efectivos militares en los departamentos de Ayacucho, Junín, Huancavelica y Lima habían sido reportados a quien ocupó no solo la Comandancia General del Ejército, sino también, la Presidencia del Comando Conjunto.

Más allá de las declaraciones llenas de desconocimiento de los militares que han testificado, hay algo sobre lo cual nadie ha intentado la mínima respuesta. ¿Qué hizo el alto mando del Ejército frente a los crímenes del destacamento Colina y los otros crímenes que se venían produciendo, sobre todo en aquellos departamentos declarados como zonas de emergencia y bajo control militar? En realidad, no hicieron nada para evitarlo porque ésa era la política del Estado.

Pero además, ante la presentación de las estadísticas de la Defensoría del Pueblo referida a personas desaparecidas entre 1991 en los departamentos de Lima, Ayacucho, Junín, Huánuco y Huancavelica que arroja una espeluznante cifra de 593, no le quedó otra que declarar que "en toda guerra se cometen excesos". Seguramente Hermoza Ríos debe tener un concepto sumamente generoso del término exceso, porque esa cifra de personas desaparecidas con denuncia ante el Ministerio Público lo único que muestra es un patrón de intervención de los aparatos de seguridad que utilizaron la desaparición forzada como método de guerra contrasubversiva.

A estas alturas del proceso, y sobre todo de nuestra realidad, resulta vano intentar negar que las Fuerzas Armadas, bajo los términos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ejecutaron una política sistemática de violación a los derechos humanos, la misma que implicó la utilización de la desaparición forzada y de la ejecución extrajudicial de personas.

Ahora bien, más allá de las declaraciones del llamado "General victorioso", es posible afirmar que estando por culminar la etapa de la presentación de los testigos, el principal aporte indirecto que el proceso ha recibido para la demostración de la responsabilidad penal del ex Presidente de la República lo han dado aquellos personajes más directamente vinculados al acusado y a los hechos, aun cuando en muchos casos estos testigos hayan pretendido desarrollar actos de defensa a favor de aquél.
(Carlos Rivera Paz)