MODIFICAN LEY CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR:
APRUEBAN CONCILIACIÓN POLICIAL

 

17 de julio del 2008

El pasado 2 de julio, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó un texto sustitutorio en el que se proponen diferentes modificaciones normativas al Código Penal y al TUO de la Ley Nº 26260 (Ley de Protección frente a la Violencia Familiar). Entre tales modificaciones está la ampliación de los sujetos comprendidos en la definición de violencia familiar, el establecimiento de plazos para la adopción de medidas de protección a favor de la víctima, de consecuencias frente al incumplimiento de las medidas de rehabilitación del agresor, la creación de un registro policial de casos de violencias familiar y la posibilidad de conciliar en la etapa policial en casos de violencia familiar (ver: Los cambios en la normativa sobre violencia familiar).

Si bien varias de estas modificaciones son interesantes y, en efecto, vienen provocando opiniones favorables, la modificación hecha por la Comisión Permanente en cuanto a la facultad conciliatoria de la Policía Nacional es especialmente aventurada y preocupante.

Es aventurada porque este punto no había sido objeto de debate en comisiones. Todo lo contrario. El texto aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos proponía que se incorpore un párrafo al artículo 4º del TUO de la Ley Nº 26260, estableciendo la prohibición expresa de conciliar en la etapa policial, sosteniendo que "muchos de los miembros de la PNP amparados en el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Policial Nacional del Perú, los faculta a intervenir como conciliadores en casos que no se configure faltas o delitos".

Pero ¿cómo se introduce esta modificación, ahora contenida en la autógrafa de ley (texto aprobado por el Congreso) que se encuentra a la espera de ser promulgada por el Poder Ejecutivo? En la discusión que se realizó en la Comisión Permanente del Congreso uno de los congresistas, preocupado por "la sobrecriminalización y el exceso de creación de nuevos tipos penales", consideró que:

"TORRES CARO.- (.) hay situaciones en las que se presentan grescas familiares, en donde hay abuso físico del padre a uno de los hijos y que terminan en la comisaría y que muchas veces de acuerdo a reportes, todavía en la época que yo era fiscal, que eran varias centenas de personas; culminaba el tema ahí y las familias se iban y no pasaba nada. Bajo este agregado ya no termina ahí, continuaría, se judicializaría un tema que más bien iría en contra de la unidad familiar que se ha podido en algunos casos superar en sede policial" (sic)[1].

En consecuencia, propuso que las faltas por lesiones leves puedan ser conciliadas. Pero, cabe preguntarse, qué estaban entendiendo los congresistas por faltas o situaciones no graves. De acuerdo a la trascripción de la audiencia, el mismo congresista que propuso esta incorporación señaló:

TORRES CARO.- Señor Presidente, yo creo que aquí quisiera que se aclarara algunos conceptos para algunos congresistas que, bueno, no tienen la obligación tampoco de conocer cuestiones técnicas en el derecho. Pero, efectivamente, lo que está diciendo es lo que estamos tratando de evitar, cuando se pone de manera excluyente y se dice: cualquier tipo de acuerdo conciliatorio; entonces estamos quitando la posibilidad. Presidente, yo le puedo contar también cientos de casos de familias que van a una pollada, se pelean, y ni se provocan lesiones graves, y lesiones leves probablemente y terminan en la comisaría, y sería un acto de violencia familiar porque es una pollada familiar. (sic) [2].

Estas citas demuestran la falta de criterios técnicos y serios con los que se discutió y aprobaron modificaciones sobre un tema de vital importancia, como es la respuesta estatal a la violencia familiar, que afecta derechos fundamentales de un grupo importante del país y sobre todo a las mujeres.

Como referencia, de acuerdo a las últimas cifras reportadas por el Ministerio del Interior, de enero a agosto del 2007, se han registrado 57 mil 472 denuncias por violencia familiar, el 89% de estas denuncias fueron hechas por víctimas mujeres[3]. Asimismo, el tipo de violencia familiar más denunciado es la violencia física, en concreto, las tipificadas como faltas de lesiones simples (aquellas que de acuerdo al reconocimiento médico legal requieren hasta diez días de descanso médico).

Uno de los temas mas controvertidos dentro del campo de la conciliación y mediación se refiere a la pertinencia de utilizar estos mecanismos en casos de violencia familiar[4]. Los argumentos en contra tienen como sus principales argumentos el desbalance de poder en la relación agresor-víctima[5], la imposibilidad de romper el ciclo de violencia con una conciliación, la inadecuada capacitación de los operadores de justicia y los prejuicios de la mayoría de operadores[6].

En el marco normativo vigente, la legislación especial sobre la violencia familiar muestra la tendencia de prohibir la conciliación en este tipo de casos[7]. No obstante, en la regulación del procedimiento de Faltas, regulado por la ley Nº 27939, se prevé la posibilidad de la parte agraviada de transar y desistirse de la denuncia en la etapa judicial, posibilidades que vienen siendo aplicadas en los casos de faltas originadas en un contexto de violencia familiar, sin mayor distinción, como si tratase de cualquier supuesto de faltas, (hurto, lesiones entre terceros, etc). Lo cual va contra el sentido de la norma de violencia familiar y no garantiza respuesta efectiva para la víctima[8].

En la realidad, frente a episodios de violencia familiar, cuando la víctima decide acudir al sistema de justicia en busca de auxilio, acude a la comisaría. Así, la policía es la puerta de entrada de la víctima al sistema de justicia.

Sobre la actuación policial, destaca que los policías que reciben e investigan este tipo de denuncias no cuentan con formación adecuada (son elegidos discrecionalmente por el comisario para realizar esta función y, en general, no reciben capacitación sobre el tema). Además, encontramos que no existen criterios uniformes para manejar esta clase de situaciones, pues el procedimiento policial no sólo difiere por comisaría sino que algunas veces no es uniforme dentro de una misma comisaría, por ejemplo, los criterios de calificación, de competencia de los casos (los policías "deciden" cuando una denuncia de violencia familiar se dirige al Ministerio Público o al Juzgado de Paz Letrado, indistintamente). Asimismo, destaca que la policía no brinda orientación adecuada a la víctima[9].

En ese sentido y de acuerdo a la realidad existente, consideramos que abrir la posibilidad de que los policías propongan y lleven a cabo conciliaciones en los casos de Faltas por violencia familiar agravaría tanto la situación de indefensión e impunidad que pesa sobre las víctimas, como la ineficacia de la respuesta del Estado ante estas situaciones.
(Jimena Salazar Montoya)

[1] Diario de debates del Congreso de la República, 14º sesión de la Comisión Permanente, realizada el 02 de julio del 2008.
[2] Idem.
[3] Ver: http://www.manuela.org.pe/violenciamujer.asp.
[4] ORMACHEA, Iván . Violencia Familiar y Conciliación. En: DERECHO N° 52. Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1999. p 85.
[5] La igualdad de poder y mutua cooperación, esenciales en la mediación y conciliación, no existen en una relación violenta, pues el agresor busca controlar a su víctima a través del abuso físico y psicológico. RIOSECA, Luz. En: Mediación en casos de violencia doméstica. Buenos Aires, 2001, p. 600.
[6] LA ROSA, Javier y ARDITO, Wilfredo. Violencia Familiar en la región andina. Análisis comparado de la legislación. Instituto de Defensa Legal, Lima, 2004, p. 27.
[7] Defensoría del Pueblo. La protección penal frente a la violencia familiar en el Perú. (Informe Defensorial Nº 110). Lima: Defensoría del Pueblo, 2005, p. 59.
[8] Cabe recordar que el sistema normativo vigente establece que una de la vías que tienen las víctimas de violencia familiar para salvaguardar sus derechos es a través de la vía tutelar, la misma que se desarrolla a través de un proceso civil que busca asegurar medidas de protección y reparación para la víctima. La otra vía es penal, donde la finalidad es la sanción del agresor.
[9] Afirmaciones contendidas en una investigación, aún no publicada, del Instituto de Defensa Legal sobre Justicia de Paz Letrada en comisarías.